¿Cuáles son las principales implicancias de la victoria de Rafael Correa para las alternativas al extractivismo en particular, y al desarrollo en general? ¿Sus duras posiciones contra los movimientos sociales serán tomadas como ejemplo por otros gobiernos progresistas? Estas y otras preguntas resultan de la contundente victoria de Correa, y su base política (Alianza País), en las elecciones ecuatorianas de febrero de 2013.

La importancia del caso ecuatoriano se debe a que su sociedad civil fue innovadora en sus respuestas al extractivismo (postulando, por ejemplo, una moratoria petrolera en la Amazonia), y más recientemente ha resistido la intención gubernamental de promover la minería. El presidente Correa calificó repetidamente a esas posturas como “infantiles”, y los desafió a que buscaran el respaldo del voto en las próximas elecciones.

En el reciente proceso electoral, el agrupamiento político partidario que postuló entre sus temas las alternativas al extractivismo fue la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Esa coalición cosechó un muy bajo respaldo (poco más del 3% de los votos presidenciales). El reelecto presidente Correa rápidamente señaló esa escasa adhesión electoral, y anunció un nuevo empuje al extractivismo.

Todos estos hechos tendrán impactos a nivel continental. En países bajo gobiernos progresistas ya se observan referencias al caso ecuatoriano para insistir en que las resistencias ciudadanas al extractivismo y la discusión de alternativas al desarrollo carecen de sentido. Por este tipo de razones, el caso ecuatoriano debe ser analizado.

Es posible presentar algunos elementos destacados que, sin agotar en detalle la cuestión, permita reflexionar sobre las implicancias a nivel continental, y desde la perspectiva ciudadana. Este ejercicio se presenta en la serie “Aportes a las Transiciones”, y aquí se resumen algunos de sus contenidos (el texto completo está disponible en la biblioteca de la iniciativa de Transiciones a las alternativas al desarrollo aquí…).

Se comienza insistiendo en analizar el contexto ecuatoriano sin caer en los slogans. La administración Correa no es ni una izquierda perfecta, ni un neoliberalismo disfrazado. Es una expresión de una izquierda criolla, bajo un nuevo formato, heterodoxo, que mezcla prácticas en unos casos innovadoras y en otros conservadoras. A su vez, este progresismo gobernante no escapa al marco impuesto por sociedades donde la cultural neoliberal caló más profundamente de lo que se admite.

Un primer aspecto a señalar en el proceso ecuatoriano es la exigencia de Correa que los afectados por el extractivismo busquen votos en una elección como criterio para determinar la validez de sus reclamos. Ahora, como sacaron muy pocos votos, sus voces podrían ser desechadas.

Esa postura no tiene sustento y refleja un entendimiento limitado de la democracia. Es como si se pidiera a quienes demandan por mejor atención en los hospitales, que esperen a la próxima elección, para organizarse en el “partido de los usuarios de hospitales”. Esa no es la vía para determinar la legitimidad y relevancia de los problemas del extractivismo. Es, por otro lado, una postura que se asemeja a la situación venezolana, imponiendo la idea del “sacrificio” en comunidades locales para asegurar el supuesto beneficio de toda la nación.

El caso ecuatoriano también es interesante por el manejo del problema de la corrupción. Parecería que se toleran mayores niveles de corrupción, tanto desde los agrupamientos político-partidarios de izquierda como desde la sociedad. Los electores no castigan esos niveles de corrupción en las elecciones. Esto sucedió en Ecuador, pero otro tanto ocurre en Argentina, Brasil y otros países. En varios países las denuncias de corrupción parecen no tener efectos sustantivos en la adhesión electoral y el progresismo en el gobierno no parece combatirla con efectividad.

Esta cuestión es muy importante para las agendas postextractivistas, ya que muchos emprendimientos agrícolas, mineros o petroleros, se llevan adelante violando normas legales, desmantelando la capacidad de control estatal, o incluso con sobornos. O sea que de una u otra manera, la corrupción los hace posibles. Si la sociedad tolera la corrupción, se hace mucho más difícil construir una agenda de alternativas al desarrollo.

El caso ecuatoriano también muestra la creciente importancia de las ansias por el consumo. Un consumismo popular, que va desde teléfonos móviles a pantallas planas, genera niveles de satisfacción que los gobiernos saben aprovechar. Esta apetencia es muy importante para sopesar posibles salidas al extractivismo, ya que éstas requieren repensar los patrones de consumo, moverse hacia actitudes más austeras y recontextualizar los sentidos de la buena vida y la felicidad.

Paralelamente, los gobiernos sostienen ese consumo por medio de facilidades a las importaciones y una balanza comercial que equilibran gracias a seguir aumentando las exportaciones desde el extractivismo. Frente a esto, las alternativas al desarrollo postulan una reducción de las exportaciones de materias primas, la que iría de la mano con reducciones en las importaciones de bienes, de donde se afectará el consumismo actual.

Estos y otros aspectos del proceso ecuatoriano muestran que es necesario mejorar y reforzar los análisis de coyuntura. Ese es un tipo de análisis de enorme importancia, pero que cuyo ejercicio se ha debilitado entre las organizaciones de la sociedad civil. Cuando esos análisis son débiles o errados, las estrategias de acción muchas veces son inefectivas o equivocadas. Para superar esta limitación es necesario retomar y reforzar los análisis de coyuntura.

En el caso ecuatoriano buena parte de la agenda post-extracivista estuvo centrada en un actor partidario (la coalición de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas), y la presencia de los movimientos sociales fue menor. Desde una mirada comparada, en Perú la situación fue distinta en la última elección presidencial, ya que el énfasis provino desde la sociedad civil. Esos y otros aspectos llevan a subrayar la importancia de contar con la activa expresión de organizaciones ciudadanas independientes, en el sentido que éstas no estén restringidas a un único colectivo político-partidario. Ese componente es indispensable para promover las alternativas al desarrollo, ya que busca influir en toda la sociedad y todos los partidos. Esa presencia ofrece espacios a grupos a veces marginales a la política partidaria y son uno de los canales por lo cuales los jóvenes ingresas a estas temáticas. Sus aportes son indispensables para hacer visible las alternativas al desarrollo, y no sólo eso, sino que aseguran su necesario carácter democrático y plural.

Siguiendo el repaso del caso ecuatoriano, otro proceso destacado es la apropiación gubernamental de conceptos que surgieron desde la sociedad civil con un sentido de cambio radical, para redefinirlos y hacerlos funcional al desarrollo convencional. El caso más impactante en Ecuador se ha dado con el Buen Vivir, el que en sus contenidos originales era tanto una crítica al desarrollo convencional como una articulación de propuestas alternativas, tanto postsocialistas como postcapitalistas.

La administración Correa se apropió de ese concepto, le quitó su sentido de alternativa al desarrollo, y lo redefinió como una variedad dentro del socialismo. Un buen ejemplo de esa postura es Fander Falconí, secretario de planificación del gobierno, al decir que la victoria electoral significó el “triunfo” del Buen Vivir. Esa posición es muy discutible, ya que la administración Correa mantiene varias prácticas convencionales, es discutible que se estén fortaleciendo todos los derechos de la nueva Constitución (basta tener presente las enormes resistencias a los derechos de la Naturaleza), y si realmente se entendiera la esencia del Buen Vivir no se diría que es un socialismo, no se marginaría a las minorías ni se insistiría con el extractivismo minero o petrolero.

La apropiación de conceptos con capacidad de cambio radical, para redefinirlos y hacerlos funcional al derecho convencional, no es una novedad. Está en marcha en otros países; por ejemplo, en Bolivia con la reciente redefinición del Vivir Bien como un resultado del “desarrollo integral”.

Frente a esa situación, se postula que no se debe renunciar a esas ideas, y que su significado es ahora un nuevo campo de batallas ideológicas y políticas. La promoción de alternativas al desarrollo transita por no perder el sentido original de esos conceptos y disputarlos en todos los planos.

Finalmente, también se deben considerar los efectos del caso ecuatoriano al reforzar democracias delegativas, hiperpresidencialistas, y por lo tanto con menores oportunidades para la participación, consulta y alternativas al desarrollo. En varios países se repite la ausencia de una institucionalidad en el seno de los grupos políticos, cayéndose en una dinámica “gelatinosa”, dependiente de un líder iluminado. Si los grupos partidarios terminan siendo conglomerados que orbitan alrededor de líderes carismáticos, esa forma de hacer política se termina instalando a nivel nacional, tanto dentro del Estado como incluso en el seno de la sociedad.

La dinámica política permite el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas, la criminalización de la protesta y la falta de canales adecuados de participación. Todo esto lleva a que distintos actores de la sociedad civil entiendan que los espacios políticos institucionalizados estén perdidos, y poca cosa se pueda hacer así. De esta manera, siguiendo procesos distintos, desde los gobiernos y desde algunos sectores ciudadanos, se cae en una actitud antipolítica.

Pero si carecemos de espacios políticos que sean plurales, concurridos y transparentes, ¿cómo se van a construir colectivamente las alternativas al desarrollo? ¿dónde se obtendrán las indispensables adhesiones sociales para promover esas ideas? Una actitud antipolítica no mejora nuestras posibilidades, y en cambio erosiona la legitimidad y fortaleza de los espacios políticos (en sentido amplio), limitando las propias posibilidades de construir una agenda postextractivista consensuada con otros sectores sociales.

Evidentemente no puede caerse en los viejos vicios de la política partidaria convencional, y por lo tanto se la debe reformular. Pero esa tarea no se agota en un mero cambio de etiquetas, donde en lugar de hablar de “partidos” nos referimos a “movimientos”. En realidad, la discusión actual de las alternativas al desarrollo incorpora reclamos de una mayor democratización de las estructuras partidarias (o como se las quiera llamar), transparencia en su dinámica interna, clarificar la toma de decisiones, incorporar mecanismos efectivos que eviten la corrupción, etc.

El análisis concluye subrayando dos componentes comunes. El primero tiene que ver con la rigurosidad. Actualmente, el campo de los slogans simplistas o exagerados ya está ocupado por las corrientes políticas de la derecha e izquierda convencional. En cambio, las alternativas al desarrollo tienen sus fortalezas en la rigurosidad en sus fundamentos y razonamientos. Ha sido desde la exactitud en denuncias y estudios que la sociedad civil logró instalar muchos temas en las últimas décadas, y las alternativas al desarrollo requieren seguir ese mismo sendero.

El segundo componente clave es entender que esta es una tarea sin duda política. Pero aquí se apunta que ese esfuerzo no puede estar restringido a los agrupamientos político-partidarios, sino que se debe desplegar desde múltiples espacios de la sociedad civil para incidir no sólo entre políticos, sino entre otros actores sociales. La sociedad civil es la base indispensable, ya que la temática de las alternativas no se agotan en cambiar un agrupamiento partidario por otro, o un presidente por otro, sino que requieren un cambio cultural de amplio espectro.

El documento completo, publicado en los “Aportes a las Transiciones” No 3, se puede descargar desde aquí…

E. Gudynas es invesigador en CLAES. Marzo 2013.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzando un desafío impactante y dos advertencias angustiosas: dos tercios de las reservas de combustibles fósiles deben mantenerse bajo tierra si se quiere evitar el cambio climático, el sector energético duplicará su consumo de agua dulce en los próximos 20 años y los pobres seguirán sin energía.

Estos dichos aparecen en el reporte Prospectiva Mundial de Energía que acaba de lanzar la AIE. No sólo sus contenidos son impactantes por dejar al desnudo la gravedad de los problemas actuales, sino que tampoco debe olvidarse que es agencia depende de los gobiernos de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). O sea, depende los países industrializados, y en sus informes nunca se caracterizó por sus preocupaciones ambientales. Más bien siempre se la asoció con las industrias energéticas y su prédica históricamente ha sido ostensiblemente promotora del desarrollo de la oferta de energía.

Sin embargo en los últimos años algo ha ido cambiando en los enfoques de la Agencia. Reconoció que el mundo ha alcanzado el pico del petróleo en el año 2006 (World Energy Outlook 2010) y formuló escenarios energéticos para detener la amenaza del cambio climático (World Energy Outlook 2009). El reporte de este año mantiene estas últimas tendencias, agregando a las preocupaciones anteriores, la advertencia acerca del aumento del consumo de agua en el sector energético y que el  mundo sigue una ruta insostenible.

Los contenidos del reporte no ameritan comentarios. Considerando que provienen de un organismo que nadie puede calificar de “fundamentalismo” ambientalista, son elocuentes por sí solos.

La demanda mundial de energía se incrementará en más de un tercio desde ahora hasta el 2035. Según la agencia, para abastecer esta demanda se requiere de una inversión acumulada de 37 millones de millones de dólares, entre 2012 y 2035, equivalente al 1,5% del PIB mundial durante ese período. Las emisiones energéticas de CO2 crecerán desde un estimado de 31,2 Gt en 2011 a 37,0 Gt en 2035, lo que estaría provocando un aumento de la temperatura media del planeta de 3,6°C. Si el mundo pretende cumplir el objetivo de limitación del aumento de la temperatura mundial a 2 ºC, hasta 2050 no se podrá consumir más de un tercio de las reservas probadas de combustibles fósiles. Dicho de otro modo: la propia AIE señala la necesidad de transiciones post-petroleras.

Los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía al final del período de análisis. La demanda de petróleo, gas y carbón crece en términos absolutos hasta el año 2035, pero su participación en el mix energético mundial cae del 81% al 75% durante ese lapso. El consumo de petróleo alcanza los 99,7 millones de barriles diarios (mb/d) frente a los 87,4 mb/d consumidos en 2011. China por sí sola representa el 50% del aumento global de la demanda de crudo. Todo el incremento neto del abastecimiento de petróleo mundial está basado en la producción de petróleo no convencional, un recurso de altos impactos ambientales locales y mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

El gas natural tendrá un aumento importante (de 3,4 a 5 billones de metros cúbicos) alcanzando al carbón en suministro de energía primaria en 2035. La mayor parte de este aumento también está impulsado por China, aunque se observa asimismo un crecimiento en los países de la OECD. La mitad del aumento de la producción mundial de gas natural proviene de explotaciones “no convencionales” una tecnología que ha sido prohibida en varios países debido a sus riesgos ambientales.

Entretanto, los subsidios a los combustibles fósiles siguen distorsionando los mercados energéticos y alcanzaron la cifra de USD 523 mil millones en 2011, casi un 30% más que en 2010. El apoyo financiero a las fuentes renovables de energía, en cambio, ascendió a $ 88 mil millones en 2011.

El reporte de la Agencia incorpora un nuevo escenario: el “Escenario Eficiente Mundial”. Aquí se propone una inversión adicional de $ 11.8 millones de millones de dólares en tecnologías de uso final que es más que compensado por USD 17,5 millones de millones de reducción en las facturas de combustible y una reducción de USD 5,9 millones de millones en inversiones para el aumento de la oferta energética.

En este escenario el crecimiento de la demanda mundial de energía primaria se reduce a la mitad, las emisiones de CO2 energéticas alcanzan su pico antes de 2020 y llegan a 30,5 Gt en 2035, lo cual apunta a un aumento de la temperatura media a largo plazo de 3°C. Además de eficiencia, dice la AIE, hace falta inversiones en tecnologías de bajo carbono si se quiere mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C como se ha acordado en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas.

La producción de energía está requiriendo cada vez mayor uso de agua, dice el informe. El consumo de agua dulce para la producción de energía en 2010 ascendió a 583 mil millones de metros cúbicos, un 15% del uso mundial de agua total. De esa cantidad, 66 millones de metros cúbicos no regresaron a su fuente, es decir fue consumida en la producción. El uso del agua aumentará en un 20% durante 2010-2035, pero el consumo aumentará en 85% (más del doble de la tasa de crecimiento de la demanda de energía). Estas tendencias son impulsadas por la transición hacia nuevas usinas (superiores en eficiencia pero con mayor consumo de agua) y la expansión de la producción de biocombustibles.

El uso del agua, advierte el informe, podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo de gas y petróleo no convencional, la generación de electricidad y el mantenimiento de la presión de los yacimientos para la producción de petróleo.

En la actualidad, casi 1,3 mil millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad y 2,6 mil millones no cuentan con tecnologías limpias para cocinar. En ausencia de nuevas medidas, el informe proyecta que casi mil millones de personas carecerán de electricidad y 2,6 mil millones de personas aún no podrán contar con tecnología para cocción en 2030. Se estima que para lograr la universalización acceso a la energía en 2030, se necesita cerca de un millón de millones de dólares en inversión acumulada. Esto es equivalente a sólo el 3% del total de la inversión en infraestructura relacionada con la energía. El acceso universal a los servicios energéticos sólo haría aumentar la demanda global de energía en un 1% en 2030 y las emisiones de CO2 en un 0,6%.

G. Honty es investigador en CLAES. Noviembre 2012.

El conflicto minero que más se parece a lo de Conga es, en términos de duración, fuerza organizativa, actores sociales y capacidad de propuesta, probablemente el caso de Río Blanco. En ello, las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta [1], articuladas a organizaciones y municipalidades de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Ayavaca, Huancambamba y Tambogrande (Piura) en el Frente para el Desarrollo Sostenible en la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) se opusieron a la conformación de un distrito minero en sus territorios, ya que ello afectaría al ecosistema de los páramos andinos y los bosques neblinas que proveen de agua a la zona.

Tras varias marchas, distintos tipos de demandas al Estado, y la realización de una consulta vecinal que expresó un rotundo “No” a la minería en la zona, la empresa Zijin se replegó, sin dejar sus pretensiones de desarrollar el proyecto. El conflicto en la frontera norte del Perú costó la vida a cuatro comuneros, decenas de dirigentes y autoridades fueron criminalizados, e inclusive un grupo de comuneros fue torturado y detenido ilegalmente en el campamento minero.

Ya que Zijin recientemente ha expresado a las comunidades y autoridades locales su intención de retomar el proyecto minero, valdría la pena analizar las condiciones del conflicto a raíz de lo que ha pasado en Cajamarca, con la finalidad de evitar la violencia y garantizar los derechos de las poblaciones locales.

Como en las zonas de Bambamarca y Celendin, en Ayavaca y Huancabamba el eje vertebral de la organización social  son las rondas campesinas. Ellas ejercen un gran control territorial en la zona y mantienen una capacidad organizativa impresionante que hacen muy difícil la instalación de un proyecto minero grande en la zona. En general, las comunidades de la sierra de Piura mantienen prácticas colectivas fuertes que han sostenido el “No” a la minería en la zona.

En Cajamarca, Ayavaca y Huancabamba hay corrientes de opinión a favor de la mina (a menudo económicamente vinculado a ella), sin embargo, una gran mayoría de la población en se opone a la actividad, en base a  argumentos muy claros. Al contrario de los prejuicios limeños difundidos por los grandes medios de comunicación, la población no sólo sabe muy bien porque se opone a la actividad minera (respaldados además por estudios técnicos), sino, también tiene propuestas claras en relación al modelo de desarrollo deseado para la zona, basado en la agricultura y el ecoturismo. Tienen un proyecto propio que ven incompatible con la mina.

Estos argumentos son reforzados por la identidad y la dignidad local, que la población está determinada a defender tras los atropellos, insultos, violencia y asesinatos sufridos a manos de la empresa y el propio Estado. A ello se suma una espiritualidad local que da gran importancia al agua, a las lagunas y los cerros.

Finalmente, igual que en Cajamarca en Huancabamba y Ayavaca existe una articulación entre las organizaciones sociales y las autoridades locales (destacan los alcaldes de Huancabamba y San Ignacio) que conjuntamente conforman el FDSFNP, y dan una solidez particular a la oposición al proyecto. A ello se suma la solidaridad y colaboración de activistas y ONGs nacionales e internacionales que garantizan que el conflicto y una eventual repetición de la violencia y represión contra las comunidades no pasarían desapercibidos por la opinión pública nacional e internacional.

Aparte de compartir estas condiciones que han puesto en jaque (y probablemente han inviabilizado por un buen tiempo) al proyecto Conga, en el caso de Rio Blanco no hay un EIA aprobado, el proyecto fue rechazado en una consulta vecinal, la presencia de la empresa en los territorios de las comunidades es ilegal.
Las comunidades encontraron en estos años de lucha, una aliada importante en la actual vice-presidenta Marisol Espinosa. Ojala que ella pueda –y quiera- explicar al presidente Humala que no se pueda realizar minería en cualquier sitio, y que -al igual que Conga- Rìo Blanco es social y ambientalmente inviable. De lo contrario, el gobierno nacionalista se ganará un nuevo conflicto, con un potencial enorme de dañar su imagen e intereses, y con altas posibilidades de desembocar en represión y violencia.

Pues, Rio Blanco, Tambogrande, Islay y Quillish enseñan que una oposición muy mayoritaria a un proyecto minero, respaldado por un proyecto socio-económico local propio, han significado en la última década en el Perú que el “proyecto no va”. Lo que urge en el país es una nueva política minera que defina dónde pueda (y donde no) desarrollarse,  bajo qué condiciones  la  actividad minera. El derecho de los pueblos a  elegir su propio modelo de desarrollo, la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, y la inversión en la pequeña y mediana agricultura, deberían ser elementos fundamentales de esta política.

[1] En las provincias de Ayavaca y Huancabamba.

R. Hoetmer es investigador asociado del Programa Democracia y Transformación Global, y candidato al doctorado en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam, con una investigación sobre los movimientos sociales en el Perú. En el marco de esta investigación ha realizado trabajo de campo en la zona de Ayavaca entre los años 2008 y 2010. Agosto 2012

Durante la última semana de marzo cientos de personas de diferentes ámbitos se reunieron en Londres con el objetivo de analizar las últimas evidencias provistas desde la comunidad científica y brindar una visión actualizada de las múltiples crisis que el mundo enfrenta. Se abarcaron los problemas ambientales, como los relacionados con el clima, la energía, la degradación ecológica y la escasez de agua, y problemas sociales como la persistencia de la pobreza, la amplificación de la desigualdad, los temas de bienestar humano y seguridad alimentaria, así como también los temas relacionados a la gobernanza global.

Asimismo, se planteó aportar evidencia y liderazgo científico hacia la cumbre de junio de este año en Río de Janeiro, conocida como Río +20 y contribuir a superar veinte años de estancamiento en las negociaciones sobre desarrollo sostenible en el marco de Naciones Unidas.

Perfil

La organización estuvo a cargo de un comité de científicos encabezado por la Premio Nobel Elinor Ostrom, un grupo de organizaciones científicas internacionales y un comité científico local.  Tuvo  como anfitriones a The Royal Society, la asociación “Living with Environmental Change” y el Natural Environment Research Council. La moderación se encargó a periodistas y las nuevas tecnologías de comunicación jugaron un papel fundamental.

En cuatro días se sucedieron mañanas de conferencias de renombrados académicos y tardes de numerosas sesiones paralelas enfocadas en temas específicos, así como también algunos eventos participativos y exposiciones de posters. También tuvieron lugar participantes del ámbito político tanto a nivel internacional como nacional, como representantes de Naciones Unidas y de gobiernos; representantes de las empresas y los medios de prensa. Las organizaciones de la sociedad civil estuvieron también presente, aunque desde un lugar menos protagónico.

Muchas sesiones abordaron temas desde la perspectiva del desarrollo sostenible con un enfoque social y algunas ideas se repitieron a lo largo de las presentaciones. Resulta interesante compartirlos y resumirlos aquí, ya que vislumbran una alerta y cierto compromiso de cambio desde la comunidad científica.

Luz roja

La humanidad tiene por delante un período de gran incertidumbre. Frente a este hecho surgió, por ejemplo, la expresión “no podemos seguir así, algo hay que cambiar ó transformar”. Esta postura asomó en muchas de las exposiciones desde la academia, alertando sobre la existencia de límites planetarios y condiciones locales que estamos transformando profundamente, poniendo en riesgo las condiciones para la vida. Se aclamó la necesidad de cambiar con urgencia nuestro estilo de vida, donde el cambio de conciencia que debemos hacer implica asegurar más igualdad y equidad y no perseguir mayor crecimiento económico. En algunos casos la propuesta implicaba un cambio radical como un inminente cambio de paradigma, en otros no tanto.

Junto a esta alerta la comunidad científica destacaba incesantemente que el momento para actuar es ahora. Por ejemplo, se enfatizó: “actuar urge”, “la acción de los principales factores de presión nos dicen que realmente ha llegado el momento de actuar severamente”. Estas ideas se repitieron a lo largo de los cuatro días de tal forma que encabezan la declaración final de la conferencia: “State of the Planet” (disponible aquí)

Otro de los aspectos expuestos por muchos conferencistas se vincula con la necesidad de plantear nuevas formas de hacer ciencia. Se propone una ciencia más participativa, con trabajo en redes e intercambio permanente de conocimiento e información. Se subrayó la necesidad de una mejor comunicación del conocimiento hacia los hacedores de políticas y la población en general y mejorar el diálogo entre la academia, la comunidad empresarial y los encargados de políticas. Se afirmó que el diálogo alrededor del mundo es la gran oportunidad.

Sin embargo, cabe destacar que fueron pocos los expositores que mencionaron la importancia del rol que tiene la sociedad civil en este cometido. De los escasos aportes en este sentido, puede resaltarse el planteo de una nueva forma de pensar y de vivir, donde exista fuerte participación de la sociedad civil, con base en el ejemplo de que las negociaciones de cambio climático a nivel de gobierno fracasaron pero las reuniones en paralelo de la sociedad civil fueron muy exitosas, con una posición clara y un claro reclamo hacia el sector político.

Luz verde

Por otra parte, uno de los tópicos que era esperable que tuviera una fuerte presencia era la Economía Verde. Sin embargo la oferta no fue muy abundante en este tema en particular. Este hecho llama la atención dado que es una de las temáticas planteadas como más relevantes en la agenda de Río +20, pero que aún presenta una definición vaga que genera confusión y deja muchas interrogantes sobre su efectividad como herramienta para un desarrollo sostenible.

Todos los discursos que no provenían de la academia sino de los sectores más políticos (tanto a nivel nacional como internacional) incluían un llamado a enverdecer las economías. Sin embargo, no se iba más allá de este anhelo, sin considerar el significado de ese “enverdecimiento”. Desde el sector político se invoca a la Economía Verde como instrumento para el cambio, pero no hay un análisis por detrás que lo justifique. En cuanto al significado e implicancias que pueda tener la práctica de economía verde, da la impresión que no ocupa un lugar preponderante en las investigaciones de la comunidad científica. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la declaración final de la conferencia incluyó la frase: “apoyamos la economía verde”.

Durante la conferencia, si bien se plantearon algunos ejemplos a nivel de países que pueden ser interpretados o enmarcados como prácticas de economía verde, no tuvieron lugar presentaciones donde se expusieran las ideas que se plantean desde esta iniciativa, qué acciones implica, qué beneficios traería, y lo más importante cómo puede revertir la situación de crisis global.

La respuesta a esta cuestión es bastante dudosa dado que la economía verde se propone como el nuevo motor para el crecimiento económico sin tener en cuenta los límites absolutos de la naturaleza. Esto contradice las alertas y evidencia científica sobre un planeta bajo presión. Con el escaso conocimiento y el alto nivel de imprecisión de su definición hasta el momento, la propuesta de economía verde está lejos de ser una nueva herramienta para el cambio que la comunidad científica aclama.

Cruzar la acera

Como en un semáforo, la luz roja y la verde no pueden encenderse al mismo tiempo porque darían señales contradictorias al transeúnte. Quizás lo mejor sea quedarnos con la alerta de la luz roja, que nos provoque presionar el botón para poder avanzar con propuestas verdaderamente innovadoras.

En este sentido ideas como las que propuso Anthony Giddens, sociólogo británico con destacados aportes en el campo de la ciencia política, pueden ser estimulantes: “nos encontramos frente a un problema que la humanidad nunca antes enfrentó, y estamos muy lejos de revertir la situación. No hay una sola economía en el mundo que esté cambiando su funcionamiento. Debemos caminar hacia un nuevo paradigma donde se establezcan redes a nivel internacional dado que es un problema global, se desarrollen acuerdos a escala regional y nacional, resaltando la importancia de las naciones, abandonar los combustibles fósiles, así como una alternativa al modelo actual de desarrollo”.

M. Buonomo es economista en CLAES. Asistió a la conferencia “Planet Under Pressure”, del 25 al 29 de marzo en Londres con el apoyo de Oxfam GB. Abril 2012.

Dos recientes noticias, que algunos dirán que no están relacionadas, en realidad reflejan un mismo problema. Días atrás se festejó que Bloomberg ubicara a Perú en el tercer lugar de las economías emergentes más prometedoras.

Recibió mucha menos atención que unos días antes, dos economistas, Bilge Erten de Naciones Unidas, y José Antonio Ocampo, quién dirigió la CEPAL y ahora es docente universitario en New York, publicaron un estudio impactante sobre los ciclos de precios de las materias primas desde fines del siglo XIX (“Super ciclos en los precios de las materias primas desde mediados del siglo XIX” – ver documento aquí…). Es clave comprender esas tendencias con las materias primas, ya que los éxitos económicos de Perú y otros países sudamericanos que entusiasman a Bloomberg y otros analistas, se debe  en buena medida por los altos precios de las materias primas.

Erten y Ocampo abordan las alzas y caídas en los precios de las materias primas, como minerales, hidrocarburos o agroalimentos. Se observan ciclos largos, con períodos donde los precios comienzan a subir, alcanzar un pico, y luego caen. Se encontraron cuatro largos ciclos, con picos en los precios en 1917, 1951, 1973; actualmente está en marcha el cuarto ciclo (y está por verse cuáles serán sus máximos precios).

Durante los períodos de altos precios en las materias primas, tuvieron lugar los empujes desarrollistas en los países de América del Sur. Los efectos de la bonanza de mediados de la década de 1910, o aquellos posteriores a la segunda guerra mundial, explican los saltos en el desarrollo de varios países del continente. Hoy en día, el buen desempeño en varios países está directamente vinculado a ese fenómeno. Para aprovechar ese boom, la exportación de materias primas se defiende con toda energía, sea en Buenos Aires o en Quito.

Una primera advertencia en el estudio de Erten y Ocampo es que para los productos que no son hidrocarburos, como minerales o agroalimentos, los precios promedios de cada ciclo son menores a los de la fase anterior. Aunque en el actual ciclo algunos metales podrían escapar a esa tendencia, de todos modos esos hallazgos nos regresan al problema de la caída de los términos de intercambio. Las materias primas, proporcionalmente, valen cada vez menos. Es la vieja advertencia de Raúl Prebisch.

En efecto, en los últimos cien años se acumuló una caída del 47% en los precios de las materias primas que no son hidrocarburos. Por esta tendencia histórica, el aumento reciente del 8% en el valor de los minerales, no compensa ese desplome. Si se pone en este contexto el entusiasmo minero que muestran varios gobiernos, se desnuda que en realidad están apelando a rubros que están agonizando.

También debe subrayarse que las peores caídas en los precios fueron en agroalimentos tropicales. En el caso de los países tropicales esta es otra alarma. Seguir apostando a la especialización en banano o café, tan sólo agrava los problemas que incuba volverse minero.

En cambio, el precio de los hidrocarburos muestra una tendencia constante de aumento. Eso hace que para los países petroleros la situación inmediata sea diferente. Pero es simultáneamente una alerta para todas las naciones, ya que estamos en un sendero donde seguirá subiendo el costo energético de cualquier tipo de producción, desde mover los tractores en el campo a mantener funcionando una tornería. ¿No sería más sensato guardarse ese petróleo para las necesidades futuras internas, que seguir exportándolo a otros continentes?

La segunda advertencia en ese estudio de Erten y Ocampo está dirigida a los países que son muy dependientes en exportar minerales: deben aprovechar estos momentos de buenos precios, ya que persiste la tendencia descendente. Esta bonanza terminará. Es necesario aprovechar los recursos financieros que se están generando para invertirlos de manera juiciosa en sectores que permitan sobrellevar las futuras restricciones. La urgencia no está en más minería, sino en diversificar la producción, promoviendo especialmente la industrialización. Otra vez Prebisch tenía razón.

E. Gudynas es analista en CLAES. Este artículo apareció en La Línea de Fuego (Quito, aquí…), y en portugués en Correio da Cidadania (aquí…); una versión fue publicada en el periódico peruano La Primera (aquí…).  

En América del Sur se está consolidando una coincidencia notable: todos los gobiernos defienden un tipo de capitalismo que consideran que puede ser benévolo.

Esto no debería sorprender entre los gobiernos conservadores. Pero la nueva izquierda no sólo insiste en ese mismo modelo, sino que considera que lo hace mucho mejor, ya que el Estado es un activo participante.

Dicho de otro modo: más allá de la retórica anticapitalista de algunos, o las celebraciones del crecimiento comercial en otros, en los hechos la izquierda gobernante sudamericana mantiene, y reproduce, un tipo de capitalismo, abandonando toda práctica concreta de ruptura.

En efecto, estos gobiernos buscan crecimiento económico por medio de la exportación de materias primas, aprovechando su alto precio. También buscan atraer inversiones, y aprovechan los fondos disponibles que hoy se alejan de la especulación financiera, buscando puertos más seguros. Los nuevos destinos preferidos son minerales, hidrocarburos, tierras, o emprendimientos agroalimentarios.

Las justificaciones son distintas en cada caso. Los gobiernos conservadores asumen que esa asociación exportaciones-inversiones, generará suficiente crecimiento económico como para mejorar las condiciones de vida de la población a medida que se difunde en los mercados internos. El derrame sería el medio privilegiado, y bastaría dejar hacer al mercado su trabajo.

Pero los gobiernos progresistas entienden, en general, que el mercado no asegura esos beneficios, y que el Estado debe intervenir. El nuevo progresismo no es una nueva manifestación conservadora o neoliberal, y es importante no caer en esas confusiones. En realidad, estos gobiernos son de una izquierda que entiende que el Estado debe intervenir más activamente, que reconoce la relevancia de atacar la pobreza, pero que vuelve a caer en la dinámica capitalista. Las tentaciones del crecimiento económico y el alto precio de las exportaciones los terminan atrapando.

En unos casos, el Estado asume directamente esas exportaciones (Venezuela), en otros impone tributos y regalías sustanciosos (hidrocarburos en Bolivia y Ecuador, o granos en Argentina), o si los impuestos son moderados, pasan a aumentar todavía más los volúmenes exportados para captar más dinero (Brasil, Paraguay y Uruguay).

La izquierda reconoce que ese capitalismo globalizado tiene impactos económicos, y a veces también reconoce sus efectos ambientales. Pero estima que los puede reducir, limar o amortiguar. Se dice a sí misma que es una izquierda pragmática, y cree que puede convertir al capitalismo en benévolo.

Para ello, parte de la riqueza captada en esos circuitos de exportación e inversión, es volcada en programas sociales y reducción de la pobreza; mucho de ellos son pagos mensuales en dinero. Ese es uno de los principales mecanismos de generación y legitimación de esta nueva forma de capitalismo criollo: el Estado ejerce una mezcla de caridad y compasión.

Sin dudas los programas contra la pobreza fueron muy importantes para salir de la debacle neoliberal. Pero ahora enfrentamos nuevas tensiones, que en general los gobiernos ocultan o niegan, pero deben ser admitidas.

Por ejemplo, tenemos Estados que se lanzan a incentivar todavía más el extractivismo, justificándolo como una necesidad para financiar la lucha contra la pobreza. Otros no entienden que la problemática de la justicia social no puede reducirse a los pagos mensuales a pobres e indigentes. Y hay casos, donde los presidentes despliegan acciones que son más parecidas a la caridad cristiana, que a una política de Estado. Posiblemente los casos de Lula da Silva en Brasil, y Rafael Correa en Ecuador, sean los dos ejemplos más llamativos de esa postura, muy propia de la vieja economía social de mercado católica.

Esas posturas pueden ser entendibles en momentos de emergencia, pero el contexto actual requiere dar otros pasos. En lugar de aprovechar las mejoras logradas para adentrarse en cambio más sustanciales, tales como pasar del debate sobre el monto de las compensaciones mensuales a uno más extendido sobre la justicia, los gobiernos de izquierda aparecen estancados. El pragmatismo los ata a los ciclos exportadores, una vez más.

Es así que estos gobiernos se adentran más y más en el sueño de ese capitalismo, que ellos esperan que pueda ser benévolo. Es evidente que tal benevolencia es imposible. Es un sueño. Pero de todos modos están quedando atrapados entre los altos precios de las materias primas, y la necesidad de mantener esas compensaciones económicas a los más pobres … y esa es una de las pocas cosas que les están quedando para seguir definiéndose como izquierda.

Una versión resumida de este texto se publicó en la columna del autor en La Primera, Lima (Perú), el 11 de enero 2012 (ver aquí…). Un examen de algunos otros componentes de la idea de “capitalismo benévolo” aparecen en un artículo en la revista de FLACSO Quito, Iconos, aquí… .  La versión completa apareció en La Línea de Fuego (Ecuador), aquí…

E. Gudynas es investigador principal en CLAES. Enero 2012.

Todos los indicadores políticos hacen prever un ajetreado año 2012 en el Ecuador.

El pasado mes de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) definía el calendario electoral para 2013 en el más pequeño de los países andinos. Según la agenda institucional, la primera votación se desarrollará el 20 de enero del 2013, la cual elegirá Presidente de la República y autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs); y en la segunda, la cual se llevará a cabo el 3 de marzo, se elegirían los 124 asambleístas que componen el Legislativo, y la segunda vuelta de presidenciales si es que el actual presidente Correa no obtuviera la reelección en la primera vuelta.

“2012 un año caliente”

Esta alusión no deviene tan solo por los efectos del cambio climático en el Ecuador, lo que ha significado ya un aumento de cáncer de piel de más de un 65% entre los hombres y un 41% entre las mujeres en el país desde finales de la década de los 80 (1). Los rayos ultravioletas que azotan Quito –mitad del mundo a 2.850 metros de altura sobre la Cordillera de los Andes- desarrollarán sin duda todo su esplendor en las cristaleras del despacho presidencial del Palacio de Carondelet, el cual a pesar de su confort y aire acondicionado sin duda gozará de altas temperaturas durante todo el año entrante.

Algunos acontecimientos acaecidos a finales del presente año ya se enmarcan en lo que será la estrategia preelectoral y de conflictos sociales que se vislumbran cara al ejercicio político del año que viene. Entre ellos cabe destacar:

a) El 15 de noviembre el Consejo de Participación Ciudadana designaba oficialmente a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con cinco votos a favor y dos abstenciones quedaban designados como nuevos vocales del CNE, cinco personas muy cercanas al régimen, habiendo sido previamente invalidadas todas las impugnaciones presentadas en su contra. Esta situación generó grandes desconfianzas en este órgano de capital importancia en los procesos electorales que tendrán lugar en el 2013. El 29 de noviembre era designado presidente del CNE el licenciado en Ciencias Políticas Domingo Paredes, quien ejerció bajo el actual régimen cargos como ministro de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y Director del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP); ocupando el cargo de vicepresidente Paul Salazar, quien fuera asesor del entonces titular del Ministerio Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, quien en la actualidad ejerce el cargo de Canciller de la República.

De esta manera, el oficialismo ejerce el control sobre el máximo órgano de sufragio en el país, entre cuyas funciones destacan organizar, controlar las elecciones e incluso castigar o no a partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales.

b) El pasado 26 de noviembre la titular del Ministerio Coordinador de la Política, Betty Tola, encabezaba una delegación de aproximadamente unas 60 personas compuesta por varias autoridades del Estado, junto a técnicos y miembros de comunidades que visitaron el proyecto minero Río Blanco (parroquia de Molleturo – provincia del Azuay)(2). El proyecto minero Río Blanco fue concesionado a la transnacional extractiva International Minerals Corporation (IMC) con una inversión de 120 millones de dólares, contemplándose una reservas de 49 mil onzas de oro y otras 410 mil onzas de plata. Los habitantes de 23 de las 72 comunidades de la parroquia cuencana de Molleturo se manifestaron a mediados del pasado mes claramente en contra del desarrollo de la actividad de explotación minera a gran escala propugnada desde el Gobierno, dada su preocupación por la posible contaminación de las fuentes de agua usadas en las comunidades. Desde estas comunidades se impulsó la recogida de firmas con el fin de que sean entregadas a la Defensoría del Pueblo para iniciar una acción de incumplimiento por violación de los derechos al no realizarse por parte del Estado una consulta previa tal y como lo demanda el texto constitucional vigente. Ya a finales del mes de mayo, funcionarios gubernamentales tuvieron que salir escoltados de las comunidades por el rechazo de sus habitantes a la mal llamada campaña de “socialización” que se intentó desarrollar a favor de la megaminería. El empeño gubernamental en este proyecto a pesar de las resistencias sociales en la localidad es leído por los pobladores desde la lógica de que el ex gerente de esta minera, Federico Auquilla, es el actual Viceministro de Minas de la llamada Revolución Ciudadana.

De esta manera el Ejecutivo correísta pone en marcha una fuerte campaña política que se visualizará en todos los territorios de conflicto en torno a los megaproyectos, en la mayoría de los casos extractivos, donde el Ministerio Coordinador de la Política (MCP) en alianza con los ministerios en línea implicados en el Plan de Manejo de Proyectos Estratégicos (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; SENPLADES; la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Ministerio del Ambiente y Ministerio de Recursos Naturales no Renovables) desarrollarán planes de intervención a fin de evitar, siempre y cuando sea posible, las actuaciones mano militari (3) que serán necesarias para implementar los proyectos auspiciados por el Estado con independencia del sentir popular. Para ello, el desarrollo de políticas clientelares para la adquisición de voluntades sobre cada uno de los territorios en los que se desarrollan conflictos (enmarcados especialmente en el ámbito de la minería y el petróleo, lucha por la tierra y democratización del acceso al agua) estará al orden del día.

En este sentido cabe destacar que más allá del conflicto minero, el Estado ecuatoriano se encuentra licitando 61 bloques petroleros cuya afectación sobre territorio indígena es de notable relevancia. Las licitaciones pretenden estar cerradas el mes de marzo del año que viene y los niveles de afectación sobre territorio indígena tienen una incidencia del: 100% del territorio de los Andoas, 100% del territorio de los Záparas, 100% del territorio de los Shivias, 93% del territorio de los Achuar, 73% del territorio de los Kichwas amazónicos y 38% del territorio de los Shuar.

De igual manera ya han sido denunciadas por diversas organizaciones sociales la presencia de militares en zonas como Intag -territorio de mucha riqueza en biodiversidad, con potencial económico y, a la vez, con débil infraestructura y fragilidad ecológica por su topografía- donde el Estado pretende desarrollar otro proyecto megaminero, Patuca en Morona Santiago o Montalvo en Pastaza, todos víctimas de la política neoextractivista.

c) Elecciones para juntas parroquiales zamoranas y del Napo el pasado 27 de noviembre. Las elecciones en las parroquias de La Canela del cantón Palanda, en San Juan de Muyuna del cantón Tena, y en Nuevo Paraíso del cantón Nangaritza, en las provincias amazónicas opositoras de Zamora Chinchipe y Napo bien se parecieron a los comicios electorales de una campaña presidencial. El Presidente de la República se personó a altas horas de la madrugada del viernes anterior en la provincia de Zamora Chinchipe, generándose un altercado entre el prefecto Salvador Quishpe –de Pachakutik y claro opositor al proyecto megaminero propugnado por el Estado en su provincia- y el presidente Correa. El oficialismo prometió colchones y otros enseres para la población local al más viejo estilo de la “partidocracia” y como lectura final del proceso electoral, todo el mundo ganó. La lista MPD-Pachakutik fue la más apoyada en Nuevo Paraíso, localidad del enfrentamiento directo entre Quishpe y Correa, mientras el oficialismo ganaba por los “pelos” en La Canela y más holgadamente en San Juan de Muyuna, la parroquia ubicada en la provincia de Napo. Ambos sectores, la izquierda y el oficilismo, desarrollarían posteriormente una fuerte campaña de propaganda alrededor de sus resultados: para el oficialismo, “la Amazonía respaldó a la Revolución Ciudadana en elección de juntas parroquiales” (4), mientras para la izquierda articulada en torno a la recién constituida Coordinadora Plurinacional, “MPD derrota a Alianza PAIS en elecciones” (5).

De esta manera, se hace visible como el primer mandatario dará, tal y como le caracteriza, la pelea en todos los territorios en sufragio electoral en el Ecuador, disponiendo del hobbesiano (6) aparataje propagandístico del Estado. Estas acciones serán de especial envergadura en las parroquias rurales, cantones y provincias donde el NO ganó a las posiciones oficialistas en la Consulta/Referéndum del pasado 7 de mayo, la cual dividió al país geográficamente en dos partes (unos a favor del Gobierno –especialmente la Costa- y otros -zonas de Sierra indígena y Amazonía-, en posiciones opuestas al régimen).

d) El 30 de noviembre se aprobaba en la Asamblea Nacional el presupuesto gubernamental para el 2012 con apenas 64 votos de los 124 asambleístas. El presupuesto aprobado asciende a 26.109 millones de dólares (2.159 millones más que el aprobado hace un año). En dicho presupuesto se visualizan partidas importantes en el ámbito social, más de 6.300 millones de dólares serán invertidas en el área social, cultural y de talento humano (ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Inclusión Social y del Migrante); pero a cambio el régimen gastará 295 millones de dólares en difusión, promoción y publicidad, a lo que hay que sumar partidas oscuras como la identificada por “otros servicios no especificados” donde la dotación presupuestaria alcanza los 265 millones de dólares. La correlación poco comprensible los 295 millones en promoción y publicidad –en su descargo el régimen alude que dichas partidas contemplan el gasto del Consejo Nacional Electoral, campañas sociales de vacunación o la del Bono de Desarrollo Humano entre otras- o los 156 millones de dólares en alimentos y bebidas, hace pensar en que se priorizará una fuerte aparición pública gubernamental en decremento de partidas tan importantes como vivienda, apenas 95 millones de dólares cuando el déficit habitacional se calcula entre 800 mil y 1 millón de viviendas en el país, o los apenas 211 millones de dólares destinados a Agricultura con lo que se pone en duda nuevamente la tan anhelada como inexistente “revolución agraria” del gobierno que preside Rafael Correa (7).

Con la aprobación de dicho presupuesto para el Estado se consolidan determinadas partidas de gastos que evidencian la necesidad del régimen de aparición pública, propaganda, publicidad y acciones clientelares, las cuales serán dirigidas y diseñadas básicamente por los ministros y hermanos Alvarado Espinel. En este sentido es destacable la reciente sentencia del juez 14 de Garantías Penales por la cual se sentenció a la líder indígena Mónica Chuji a una pena de un año de cárcel y una indemnización de 100 mil dólares por el hecho de haber calificado al Secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, como “nuevo rico”, la sentencia fue estratégica dado que coartará –por miedo inducido- la capacidad de crítica sobre los gastos en propaganda que pudieran producirse durante este año preelectoral. La sentencia, considerada por los sectores sociales y entidades independientes como “escandalosa”, ha provocado que organizaciones de prestigio mundial como Amnistía Internacional mostraran su preocupación por el “uso indebido del sistema penal” ecuatoriano, destinado a acallar voces críticas al gobierno.

e) El 8 de diciembre y ante la presión del sector de transporte, el Gobierno acepta subsidiar a los empresarios del sector el 50% del pasaje de mujeres embarazadas, minusválidos y adultos mayores; un incremento de 5 mil dólares al bono de chatarrización del Plan Renova (alcanzando dicho bono los 17 mil dólares); y la exoneración del IVA para la compra de chasís y carrocería. Con la negociación en curso, el oficialismo cede ante las presiones del gremio de transportistas con la finalidad de evitar un impopular incremento tarifario desde los 25 centavos actuales a los 41 centavos propugnados desde el sector.

Con el conflicto aún por cerrarse, se evidencia también que durante el 2012 diversos sectores empresariales y gremios profesionales obligarán al Gobierno Nacional a negociar en posición de debilidad sus intereses sectoriales, amenazando con paros o huelgas que podrían minar parcialmente los niveles de aceptación del actual Ejecutivo.

La oposición conservadora

Con la creación de Alianza PAIS, 19 de febrero de 2006, y su victoria electoral en la segunda vuelta de las presidenciales el 26 de noviembre de 2006, el viejo sistema institucional construido en el Ecuador en torno a la vieja “partidocracia” (8) se desmoronaba tal cual una “torre de naipes”, demostrando así su nivel de deslegitimación social y debilidad política. El presidente Correa “pateó el tablero” de tal manera que la descomposición de estos grupos políticos de poder –los económicos siguen intactos y en muchos casos hasta beneficiados en el actual régimen- se evidencia en la medida en que aún cinco años después siguen sin levantar cabeza.

La aparición de nuevos outsiders en el campo político conservador, única apuesta posible para la resurrección de un indeseable frente político de la derecha, se muestra aún inmaduro a pesar de las apuestas de algunos sectores a personajes como Guillermo Lasso, Mauricio Rodas o Carlos Vera.

En el caso del banquero Guillermo Lasso, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil –institución financiera privada que ocupa el segundo lugar en el ranking del mercado financiero ecuatoriano- y a su vez presidente de la Fundación Ecuador Libre (FEL) –partner en Ecuador de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), lobby conservador liderado por el ex presidente español José María Aznar- se evidencian dos años de intensa campaña de posicionamiento mediático a través de la institución financiera de regenta. A través del “Banco del Barrio” (9), con una intensa campaña publicitaria en los medios de comunicación ecuatorianos, lanzó un nuevo servicio para el comercio minorista auspiciando su figura personal a través de un sinnúmero de spots televisivos. A través de este nuevo canal transaccional que consiste en la instalación de un punto de atención en un negocio no bancario, como farmacias, tienda de abarrotes o locutorios en zonas urbanas y rurales, consiguió posicionar su imagen entre los sectores populares especialmente de la región Costa. De forma paralela lanzó su libro “Cartas a mis hijos”, en el cual recopila vivencias y reflexiones de los viajes que ha realizado por el Ecuador, lo cual carente de todo valor literario ha sido utilizado para posicionar la cara amable de un aspirante a político que ha sido considerado públicamente por José María Aznar como “uno de los suyos”, ya que lo identifica con “ideas que se pueden considerar necesarias para algunos países” como el “respetado, querido y amado” Ecuador (10).

El pasado 22 de octubre el denominado “Movimiento Creo, Creando Oportunidades” presentaba más de 300 mil firmas de adhesión ante el CNE para inscribirse en el Registro Nacional Electoral. Bien asesorado electoralmente, Guillermo Lasso venía jugando con las palabras “creo” y “crea” desde primeros del presente año, cuando dictó una conferencia en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) bajo el título “Crea tu propia historia” (11).

La “Operación Lasso” está por definirse, en su “chistera” están todavía por concretarse operaciones como la de presentar al ex alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, como binomio presidencial para las elecciones del 2013, situación que permitiría por un lado romper a la CONAIE y su brazo político Pachakutik, a la par que intentar rentabilizar parte del mayoritario voto NO de la pasada consulta popular del 7 de mayo en siete provincias de la Sierra andina. El binomio permitiría además amortiguar una imagen claramente costeña de la candidatura de Lasso, rompiendo el movimiento indígena con un dirigente kichwa que gestionó la alcaldía de Cotacachi durante trece años (1996-2009), pero que se encuentra en posiciones claramente encontradas con respecto a la identidad política progresista de la actual dirigencia indígena.

La necesidad de llegar a acuerdos en los sectores de la derecha ecuatoriana podría desplazar a Lasso a otro tipo de candidaturas, como pudiera ser la Alcaldía de Guayaquil con el fin de sustituir a Jaime Nebot llegado el caso. Lasso, quien a través de la FEL cuenta con apoyo de think tanks conservadores españoles (caso de la FAES) como de los estadounidenses (caso del Atlas Economic Research Foundation, The Heritage Foundation, la Fundación Francisco Marroquín o el Cato Institute, todas ellas receptoras de fondos de la National Endowment for Democracy –NED-), podría de esta manera aspirar a la Presidencia de la República en 2017, avalado ya con una “supuesta” buena gestión pública en la capital del Guayas –bastión del conservadurismo ecuatoriano-.

Por su parte, Mauricio Rodas aparece como un “nuevo jugador” en la mesa de juego de los outsiders de la política ecuatoriana. Su plataforma de intervención es la Fundación Ethos, de origen mexicano, y de cual es director general. En la Fundación Ethos son reconocibles en su consejo asesor personajes tan siniestros como Moisés Naim (12) –director durante trece años la revista Foreign Policy (13), sirvió al “Imperio” como director ejecutivo del Banco Mundial y fue ministro de Industria y Comercio en Venezuela en la época del “Caracazo”, jugando un papel central en las polémicas políticas económicas llevadas a cabo durante el segundo gobierno del recientemente fallecido Carlos Andrés Pérez-; Enrique Krauze -ingeniero civil, ensayista y editor mexicano, director de la Editorial Clío y de la revista cultural Letras Libres-, en su ensayo “Neoconservadores” publicado en el periódico Reforma el 21 de abril de 1996, afirmó que “las privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fueron medidas coherentes en el mundo que vivimos”, de igual manera el 5 de septiembre de 2006, Krauze publicaba en el Washington Post que el candidato progresista López Obrador –a quien el actual presidente de México, Felipe Calderón, le robó las elecciones de 2006- “daña seriamente a la joven democracia mexicana tratando de sostener lo insostenible: que el México de hoy es el mismo que el México de los días del PRI (…), no es un demócrata sino un revolucionario que usa la retórica de la democracia para tratar de destruirla” (14); Ricardo Hausmann –otro antichavista que se desempeñó como Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (1994 – 2000), Ministro de Planeación de Venezuela (1992 – 1993), y miembro del Consejo del Banco Central de Venezuela, llegando a presidir el Comité de Desarrollo de FMI-Banco Mundial-; Jorge Fernando Quiroga Ramírez –quien asumió la presidencia de Bolivia en 2001 tras haber sido vicepresidente del genocida general Hugo Banzer (15)-; entre otros personajes de similar “talla política”.

Rodas retó, con el fin de posicionarse públicamente, en varias ocasiones al Presidente de la República a debates a los cuales el primer mandatario nunca asistió. Escaso de brillantez intelectual, Rodas no fue rival para la entonces Ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, quien con larga experiencia en el sector privado y de igual manera en anteriores gobierno conservadores del Ecuador (16) debatió con él aunque esta comparta a priori gran parte de las tesis liberales de carácter general que sustenta ideológicamente la Fundación Ethos.

El caso de Carlos Vera es más singular. Vera se desenvolvió en el periodismo y como entrevistador durante cerca de treinta años, siendo sus últimas apariciones profesionales en el canal Ecuavisa del que fue despedido en 2009. Es a partir de entonces cuando se lanza al activismo político, publicando a su vez un libro titulado “Nunca mordaza”, donde desarrolló patéticas disquisiciones sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Vera ya había tenido acercamientos con la política, habiendo ejercido los cargos de ministro de Información y Turismo durante el Gobierno de Sixto Durán, y de representante del Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la presidencia de Abdalá Bucaram.

Denotado desconocedor de las artes de la política, se lanzó en septiembre de 2010 a la recogida de firmas para obtener la revocatoria del primer mandatario ecuatoriano. Con su alianza con sectores de la derecha “cavernícola” guayaquileña y acompañado por sus altas dosis de egocentrismo, se suicidó políticamente al anunciar a finales del año pasado que contaba con más de un millón de firmas que se habían adherido a su propuesta. En febrero del presente año el CNE archivó el proceso para una eventual revocatoria del presidente Correa sin que el “divo” televisivo hubiese puesto encima de la mesa ni una sola del millón trescientas mil firmas que decía tener en aquel momento.

Desacreditado políticamente Carlos Vera sigue jugando a las alianzas políticas con la aristocrática derecha guayaquileña, sin embargo su aparición pública y su prestigio popular se vinieron abajo, terminando con cualquier aspiración política de este “arlequín” coyuntural del escenario político ecuatoriano.
Semidescartados los actores de la derecha que están libres de los lastres heredados por un pasado vinculado a la “partidocracia”, veamos a los demás:

PSP y Lucio Gutiérrez

Lucio Gutiérrez es un ex militar y líder del conservador Partido Sociedad Patriótica (PSP). Fue presidente de Ecuador entre el 15 de enero de 2003 y el 20 de abril de 2005. Como militar, recibió adiestramiento en las Fuerzas Especiales, y entre sus diplomas destacan los conseguidos en Estados Unidos, a donde viajó de la mano de la Escuela de las Américas. El 21 de enero de 2000, Gutiérrez participó en su primer golpe de Estado, fruto del cual fue depuesto el presidente Jamil Mahuad –por cierto, a quien sirvió la anteriormente referenciada ex ministra y hoy embajadora en los Estados Unidos, Nathalie Cely-, otro nefasto primer mandatario responsable de la dolarización que se llevó a cabo en Ecuador y el llamado salvataje bancario. Se declaró durante el ejercicio de su mandato como “el mejor amigo de los Estados Unidos”. Marchó al exilio, cuando en abril de 2005, consecuencia de la Rebelión de los Forajidos, huyó vergonzosamente del palacio presidencial. Es en Estados Unidos donde decide -o le aconsejan- volver a Ecuador, aprovechando las lagunas legales que permitieron que no fuese procesado tras su bochornosa gestión como Presidente de la República.

En las últimas elecciones presidenciales, abril del 2009 su organización política, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) obtuvo el 28,24% de los votos (1.947.830 votos), situándose a la cabeza de la oposición al correísmo.

Especialistas en materia de inteligencia militar, los hermanos Gutiérrez (el presidenciable Lucio y el asambleísta Gilmar) protagonizaron una campaña de desprestigio hacia el proceso electoral de abril de 2009, acusando al Gobierno de haber propiciado el fraude. Dicha campaña, carente de argumentos sólidos, apenas desgastó al régimen. Desde entonces hasta ahora los dirigentes y asambleístas del PSP han demostrado una notable incapacidad para renovar su discurso político, basando sus argumentaciones descalificadoras hacia el presidente Correa en cuestiones vinculadas con la corrupción, el “amiguismo” con Venezuela y otras banalidades carentes de significación política.

Sin embargo, Gutiérrez goza de influencia política en algunos sectores de la Costa ecuatoriana y especialmente en la Sierra Central y la provincia amazónica del Napo. Tampoco descarta llegar a acuerdos con sectores indígenas que buscan la ruptura del movimiento presidido por Humberto Cholango –Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-, lo cual le propiciaría fórmulas de alianzas con los mismos sectores con los que ya ha contactado el banquero Lasso. A pesar de todo ello, es difícil imaginar que los Gutiérrez y el PSP vuelvan a repetir un resultado como el del año 2009, estimándose hoy su capacidad de voto en menos del 20%.

El PRIAN y Álvaro Noboa

Hablar de Álvaro Noboa Pontón es hablar de un caricaturesco líder empresarial que por interés económico de él y de unos cuantos amigos suyos, mantiene una estructura política denominada Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN). Considerado el hombre más rico del Ecuador, ha sido candidato para la Presidencia de la República en 1998 (cuando obtuvo el 26,61% de las urnas, perdiendo ante Jamil Mahuad), 2002 (apenas recibió el 17% de los votos, perdiendo ante Lucio Gutiérrez), 2006 (donde ganó la primera vuelta con el 26,83% de los votos, aunque perdió la segunda ante el actual presidente Rafael Correa –Correa 56,79% y Noboa 43,21%-). Su último resultado electoral, en las presidenciales de abril del 2009, fue el 11,41%, sumando 786.718 votos.

Sin perder mucho en tiempo en descripciones sobre este “histrión político” que aparece cada proceso electoral ecuatoriano, es notable significar que o bien él o bien su esposa, Anabella Azin, encabezarán las listas del PRIAN en enero del 2013. Su interés reside en su voluntad de evadir el pago de impuestos –ha sido fuertemente acosado por el Servicio de Rentas Internas en los últimos años- y futuras auditorías fiscales que puedan darse sobre sus empresas y fundaciones afines (17), además su grupo parlamentario sin él no existiría y esto le obliga más allá de sus intereses propios. Este “Berlusconi bananero” de la política ecuatoriana podría arañar pequeños porcentajes de votos al oficialismo en los sectores costeños, dado que el target a los que se dirigen es el mismo y los métodos, aunque diferenciados, coinciden en una lógica clientelar dado que ambas redes de servicios les permiten mantener porcentajes del electorado con un voto cautivo. Al contrario que el correísmo, quienes han desplazado gran parte de su voto a los sectores costeños, Noboa difícilmente obtendrá un resultado ni siquiera similar al de su último registro electoral.

El PRE y Bucaram

Otro en discordia es Abdalá “Dalo” Bucaram Pulley, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram (10 de agosto de 1996 y 6 de febrero de 1997) quien por su compartimiento excéntrico es conocido popularmente con el epíteto de “el Loco”. El gobierno de su padre pasó a la historia a pesar de su brevedad por el alto nivel de corrupción en él instalado, los escándalos de miembros de su gobierno, y el posicionamiento de personas afines en entes públicos como pago por favores políticos. En la actualidad el ex presidente Bucaram vive un “exilio dorado” en Panamá.
“Dalo” Bucaram, asambleísta por el Partido Rodolsista Ecuatoriano (PRE) – Nueva Era, se destaca en la Asamblea Nacional por sus discursos encendidos contra el Gobierno de la llamada Revolución Ciudadana y su capacidad de pactar con “tirios y troyanos” (18) a cambio de prebendas políticas y puestos o cargos de responsabilidad. Es de esta manera que el PRE consiguió en septiembre del presente año dos vicepresidencias de 13 comisiones legislativas: una para Saruka Rodríguez, en Desarrollo Económico, mesa que ya presidió, y otra para “Dalo” Bucaram, en Salud, quien además mantiene su silla en Fiscalización. En el período anterior en la Asamblea Nacional, Gabriela Pazmiño, esposa de “Dalo” Bucaram -aunque sin cargo directivo- ya ocupó un lugar en Salud, responsabilidad que fue públicamente denunciada en los medios de comunicación por haber asistido tan solo a 11 de 152 sesiones del Pleno.

El juego del PRE se encuentra desde hace años en una lógica de contradicciones entre el discurso y la praxis. Mientras los enfrentamientos de “Dalo” Bucarám con el presidente del Legislativo, Fernando “Corcho” Cordero, o con el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, son notorios, el propio Cordero colocó a Bucaram en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. De igual manera, Bucaram propuso el enjuiciamiento político del titular de la Cartera de Estado en materia de Salud, David Chiriboga, siendo situado recientemente con los votos del oficialismo en la vicepresidencia de la comisión legislativa de Salud. Por poner apenas otro ejemplo, Bucaram apoyó junto a la tesis oficial propugnada por el presidente Correa, el archivo de juicio al ex fiscal general del Estado, Washington Pesántez, discusión que incluso dividió a la bancada oficialista.

El propio asambleísta de Alianza PAIS Virgilio Hernández declaraba públicamente en los medios de comunicación a primeros del mes de septiembre que “el PRE es para el sistema político como un cáncer. En muchos períodos de la historia lo ha mostrado. Un cáncer que siempre es nefasto y perjudicial, pero con el que uno aprende a vivir”.

En este sentido es de prever que el PRE apoye, siempre y cuando saque su correspondiente “tajada”, a la candidatura del presidente Rafael Correa en enero del 2013, si bien mantendrá sus listas al Legislativo para seguir viviendo como hirudíneo de la política institucional.

El Equipo y Fabricio Correa

El último en discordia desde las hordas del conservadurismo es el ya conocido popularmente como “el gran hermano” (19), el hermano mayor del primer mandatario, Fabricio Correa. El “hermanísimo” del Presidente de la República promociona un movimiento político denominado “Equidad, Progreso y Orden” (Equipo) (20), el cual ya inscrito por el CNE articula su discurso en un lógica populista que a veces genera risa (21) pero que puede tener unos resultados favorables en determinados sectores del electorado costeño.

Sin embargo el hecho que el presidente Correa haya declarado públicamente a primeros de este mes que “no juzgo a mi hermano Fabricio porque no me da la gana” (22), en referencia al presunto tráfico de influencias ejercido por su hermano en relación a los múltiples contratos que este sostenía con entidades estatales, pueden generar dudas en el electorado. Más allá de una historia propia de “telenovela” latinoamericana en la que dos hermanos que empiezan juntos terminan enfrentados disputándose el poder, la desidia del presidente Correa en este sentido pudiera hacer sospechar a la ciudadanía de un posible “tongo” familiar. A efectos electorales cuesta ver entre tanto show business que el “Equipo de Fabricio” sume más de tres o cuatro canastas de dos puntos en un largo partido que se resuelve a los cien puntos disputados.

Cartografiada la “jauría humana” (23) del conservadurismo ecuatoriano, se hace difícil pensar que en la actualidad dicho sector político tenga capacidad de llegar a pactos o acuerdos electorales. Una oposición política carente de creatividad más allá de los spots publicitarios de Guillermo Lasso, con una fuerte incidencia de intereses extranjeros y que responde a lógicas grupales y económicas tan dispersas como encontradas difícilmente tendrá la posibilidad de auspiciar una candidatura común para oponerse al primer mandatario ecuatoriano.

La oposición de izquierdas

Dos ámbitos políticos aparecen en el espectro de la izquierda al correísmo: por un lado, las rupturas derivadas del oficialismo, proceso que se ha ido agudizando en función de que el Gobierno ha ido derechizando sus políticas; por otro, los partidos políticos que provenían de antaño, cada uno con su historia, y que en algún momento se encontraron aliados con el oficialismo pero que a partir de su reorientación conservadora también se dieron las rupturas en las alianzas políticas anteriormente existentes.

Rupturas desde el oficialismo

En el primer grupo encontraríamos sectores como el liderado por Gustavo Larrea, uno de los fundadores de Alianza PAIS que ejerció cargos ministeriales en el área de la Seguridad durante Gobierno de la Revolución Ciudadana y quien a la postre, articularía su propia agrupación política –bajo el nombre de Participación- una vez separado del oficialismo.

Su salida del Gobierno y del Buró Político se da como consecuencia de los acontecimientos posteriores al bombardeo de Angostura, la llamada “Operación Fénix” (24), dirigida por el hoy presidente colombiano y amigo de Rafael Correa, Juan Manuel Santos, cuando ejercía como Ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe. En lecturas posteriores de muchos de los dirigentes de Alianza PAIS se esbozaba la duda de que tras las operaciones para la exclusión de Larrea en Alianza PAIS se escondían intereses políticos derivados de las luchas de poder entre diferentes sensibilidades y familias políticas al interior de Alianza PAIS.

Larrea es sin duda el político ecuatoriano con mayor visión estratégica en la política institucional ecuatoriana. Miembros del propio Buró del Gobierno Nacional, incluido el presidente Correa, han lamentado en múltiples ocasiones haberse desprendido de él ante avatares políticos que no han sabido confrontar los diferentes responsables del frente político del Gobierno correísta (25). Su resurrección política tras la salida del Gobierno es en sí mismo una demostración implícita del “manejo de las artes” en la contienda política institucional.

Otro de los personajes notorios de las rupturas gubernamentales es el académico y activista Alberto Acosta, quien también fue fundador de Alianza PAIS y figura de prestigio en el mundo intelectual de la izquierda ecuatoriana. En este caso su salida del oficialismo fue individual, tras el famoso “hacerse a un lado” (26) como presidente de la Asamblea Constitucional. El distanciamiento de Acosta con el oficialismo fue paulatino, comenzando dichas diferencias ya durante el proceso constituyente –la inexplicable amnistía al ex presidente Gustavo Noboa, el debate sobre el kichwa como lengua oficial, la consulta previa vinculante, la renovación de la Corte de Justicia… y en suma, todo lo referente a la conducción política que se intentaba ejercer desde el Palacio de Carondelet sobre la Asamblea Constitucional a través del Buró Político, los enlaces entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como a través de asesores de diversa índole-.

Sin estar estando, la voz de Acosta siempre incidió sobre el sector más progresista de Alianza PAIS, quienes se enfrentaban y enfrentan con cotidianas contradicciones ideológicas a la hora de defender ideológicamente los postulados que ha ido desarrollando el presidente Correa especialmente a partir de su segundo mandato (primero tras la aprobación de la Constitución de Montecristi). Las políticas extractivistas del Gobierno, su enfrentamiento contra los movimientos sociales progresistas del país –en especial el movimiento indígena-, los talantes autoritarios que se han ido desarrollando desde el despacho presidencial o las desviaciones programáticas de la política económica auspiciada por el oficialismo han sido sistemáticamente confrontadas por Acosta, desde una posición individual e intelectual que no le situaba más que en el etéreo mundo de la “izquierda infantil”, término leninista (27) utilizado de forma intencionadamente distorsionada por el presidente Correa para definir a sus críticos por la izquierda.

En el marco de la Consulta/Referéndum del pasado 7 de mayo, entorno a Alberto Acosta se aglutinaron algunas figuras representativas de la política ecuatoriana que en su mayoría habían formado parte de Alianza PAIS con el ánimo de defender los principios constitucionales que se consideraban vulnerados por el cuestionario de 10 preguntas auspiciadas por el presidente Correa. Ese espacio se autodefinió como Frente Ciudadano Montecristi Vive, el cual de forma autónoma desarrolló su campaña llamando a votar NO de manera especial en las preguntas que hacían referencia al endurecimiento sobre la caducidad de la prisión preventiva y privación de libertad, así como las que hacían referencia a la reforma del Sistema Judicial.

Fruto también de la Consulta/Referéndum rompieron con el oficialismo el grupo denominado Ruptura de los 25. Este movimiento político que se autodefine como progresista fue fundado el 12 de septiembre de 2004, adquiriendo resalte mediático por su apoyo a la llamada Rebelión de los Forajidos en la ciudad de Quito. Encabezados por el triunvirato María Paula Romo (asambleísta), Juan Sebastián Roldán (ex funcionario público en diversos cargos de responsabilidad en el Gobierno correísta cuya cúspide fue la titularidad de la Secretaría Nacional de Transparencia) y Norman Wray (ex asambleísta y en la actualidad concejal del Municipio de Quito); Ruptura se encuentra en la actualidad recogiendo firmas para proceder a su inscripción como movimiento político nacional por el CNE.

Por último, habría que agregar a la lista de disidentes del oficialismo a la Corriente Socialista Revolucionaria del Partido Socialista–Frente Amplio, encabezado Gustavo Vallejo, ex vicepresidente nacional del PS–FA. La corriente disidente del PS-FA son el fruto de las rupturas al interior del Partido Socialista tras su Congreso en Manabí en septiembre del año pasado, donde Rafael Quintero –progubernamental y funcionario de la Cancillería del Ecuador a las órdenes del ministro Ricardo Patiño- consiguió derrotar a Gustavo Vallejo -crítico al Gobierno- y posicionarse como presidente de los socialistas ecuatorianos. Sin duda la batalla fue desigual en el Congreso del Partido Socialista y el aparataje de medios del que dispuso el sector de Quintero superó con creces la escasa capacidad económica del sector crítico de Vallejo.

La pelea al interior del Partido Socialista no ha concluido, son muchas las direcciones provinciales críticas al régimen que han ido siendo sustituidas o aisladas tras la posesión de Quintero. Si volvemos a hablar en terminología soviética, estaríamos haciendo referencia a una verdadera “purga” del sector crítico de los órganos de poder interno del socialismo ecuatoriano. De forma paralela, el socialismo amable con el poder vigente recibe prebendas en las políticas gubernamentales, así como cargos y “luz verde” para la gestión con independencia de su eficiencia. Este es el caso de Erika Silva, titular del Ministerio de Cultura, donde con una gestión que tiene poco que presentar, ha convertido al Ministerio en una agencia de contratación de trabajadores proveniente de las líneas del socialismo dócil.

Los partidos de la izquierda ecuatoriana

Por su otro lado, organizaciones políticas de la izquierda ecuatoriana que nunca formaron parte de Alianza PAIS pero que sí coincidieron políticamente en la primera fase de gobierno correísta, hoy se encuentran claramente desmarcadas del oficialismo.

En este sentido destacan el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Pachakutik.

El MDP, un partido fundado en 1978 de corte marxista leninista, tiene su último registro electoral en las elecciones legislativas de abril de 2009 en el 4,05% de los votos a la Asamblea Nacional (149.023 votos). Con una red de organizaciones afines coordinadas en el Frente Popular –el sindicato Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio (CONFEMEC), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASC), la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE), la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador (UCAE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE) y la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas del Ecuador (CUCOMITAE)-, además de la Unión Nacional de Educadores (UNE); el MDP y su orla política ha sido durante golpeada por el poder durante años, situación que se agudizó durante el actual Gobierno a raíz de la ruptura de las alianzas políticas. Los sectores “emepedesistas” que han sido más golpeados políticamente desde el oficialismo tienen que ver con sectores vinculados al ámbito de la enseñanza, tanto en los sectores de maestros como en los de estudiantes.
Conscientes de sus errores en el pasado, el MPD se enmarca en un proceso de apertura política hacia otras organizaciones y sectores sociales, lo que podríamos definir como un glásnost político interno de amplia envergadura. Tras su último congreso, en octubre del presente año, su director nacional Luís Villacís fue reelegido en el cargo, acompañado por los subdirectores Mery Zamora y Geovani Atarihuana. En la actualidad el MPD perfila nuevas estrategias de intervención, así como nuevas formas de hacer política.

Por su parte, Pachakutik se encuentra una situación interna conflictiva consecuencia de las tensiones al interior del movimiento indígena. La crisis de la organización proviene de la época de su alianza gubernamental con Lucio Gutiérrez, aunque con el paso del tiempo se ha visualizado una notable incapacidad interna para superarla.

En la actualidad Pachakutik está inmerso en la recogida de las firmas necesarias para inscribirse como organización política en el CNE. Las tensiones generadas entre organizaciones indígenas de la Sierra con legisladores serranos del Pachakutik y de igual manera entre la asambleísta Diana Atamaint y la Federación Shuar, demuestra el conflicto intestino existente en la organización, así como la necesidad de articular estrategias políticas válidas por parte del aparato político del movimiento indígena.

La capacidad por parte del movimiento indígena para cicatrizar sus diferencias internas y que esta realidad se plasme a su vez en la organización política de Pachakutik es el principal reto a afrontar por la nueva dirección de la CONAIE.

Así las cosas, tras la Consulta/Referéndum popular del pasado 7 de mayo, las organizaciones que coincidieron de una u otra forma en la campaña por el NO optaron por agruparse con objetivos políticos más allá de lo que les había vinculado inicialmente.

De esta manera, los partidos políticos MPD y Pachakutik se unieron a Participación, en un primer momento, alianza a la que se incorporó inmediatamente después el Frente Ciudadano Montecristi Vive y la Corriente Socialista Revolucionario del PS-FA. Dicha coalición o alianza política maneja transicionalmente el nombre de Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, quedando aun por afrontarse internamente el debate sobre bajo de siglas se presentaran juntos a las elecciones de 2013 y cuál será su cabeza de lista para las presidenciales. En una entrevista pública en los medios de comunicación Gustavo Larrea anunciaba el acercamiento a su organización de la RED de León y Martha Roldós (28). En su contra, la Coordinadora Plurinacional aún está lejos de identificarse de forma real con los conflictos sociales existentes en el país, de su capacidad de arrimarse al dolor de los desalojados de tierras y casas, de los 204 dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, de las familias de los siete perseguidos de Nabón hoy clandestinos en los páramos andinos, de los torturados de Río Grande en Chone o de los pobladores del cantón El Pargui (Zamora Chinchipe) explotados por la compañía china-canadiense EcuaCorriente SA con la aquiescencia institucional, dependerá que realmente se conviertan en una alternativa vinculada a las luchas y movimientos de emancipación ecuatorianos.

Para terminar el recorrido, falta mencionar al “último invitado en este baile” es el general y político Paco Moncayo y su Movimiento Libertad. Moncayo se retiró con honores del Ejército ecuatoriano en 1998, siendo electo diputado nacional por el partido socialdemócrata Izquierda Democrática (ID). El 21 de mayo de 2000 derrota al importante empresario turístico Roque Sevilla en la Alcaldía de Quito. Renuncia a la Alcaldía en enero del 2009 obteniendo su curul en la Asamblea Nacional en las elecciones de abril de ese mismo año por el Movimiento Municipalista (29). Le caracteriza la serenidad, la moderación política y su talante democrático.

Lo natural sería que Moncayo se agrupara en el entorno de la Coordinadora Plurinacional, dado las pocas posibilidades que tendría “jugando” sólo. Incluso los medios de comunicación le han situado como un posible candidato dentro del “combo” progresista para las presidenciales de 2013. Otra opción para el general, sería volver a las elecciones municipales, “campo de juego” donde posiblemente ganaría tras el fracaso de Alianza PAIS en sus dos alcaldías más importantes –Quito (30) y Cuenca-.

Con todas las precauciones en el análisis que implica no tener aún el nombre del presidenciable a competir con Correa, la Coordinadora Plurinacional se muestra con un contendiente respetable para el partido de Gobierno. El hecho de que el presidente Correa tenga que competir electoralmente de forma sería también por la izquierda es una novedad inédita para el líder absoluto de la “marea verdeflex”. Movimientos como el de Diego Borja, ex ministro Coordinador de la Política Económica y ex director del Banco Central del Ecuador y líder del Movimiento Poder Ciudadano –estructurado al interior de Alianza PAIS-, cuestionando la “salud” de la Revolución Ciudadana y augurando un futuro incierto al proceso (31), muestran como la disputa por la Vicepresidencia (32) no es la única pelea existente en los intestinos del poder político. Posibles rupturas desde el oficialismo hacia la izquierda durante el año que viene consecuencia de las intrigas de poder, la cada vez mayor derechización gubernamental, o el conflicto que se auspicia entorno a la conformación de listas electorales, no son descartables.

La campaña electoral novedosa y más complicada

La próxima campaña presidencial se presenta radicalmente distinta a la que llevó al Ec. Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet en 2006 y posteriormente en 2009.

Del vacío de poder consecuencia de la desinstitucionalización del Estado desarrollada durante más de dos décadas por el neoliberalismo, así como la presencia de presidentes débiles que fueron uno tras otro dejando sus cargos con “más pena que gloria”, se ha pasado a un presidencialismo fuerte, duro y con tendencia a desconocer la independencia de poderes.

El presidente Correa goza de gran popularidad, buena calificación a su labor gubernamental y un nivel de credibilidad aceptable tras casi cinco años de Gobierno, a pesar de haber sufrido un bajón en los últimos tiempos.

Sin embargo, Alianza PAIS quien logró el triunfo electoral hace cinco años bajo la estrategia de atacar y destruir políticamente a la “vieja partidocracia”, en poco tiempo se ha convertido en el paradigma de esta forma de hacer política. Eso se visualiza claramente en muchas gestiones municipales así como en la escasa distinción que para el ciudadano ecuatoriano le merecen la bancada oficialista y opositoras en el Legislativo.
El Ejecutivo tiene claro que en abril del presente año el presidente Correa anunciaba una goleada de 7 a 1 contra los opositores a las preguntas de la Consulta/Referéndum popular de mayo, siendo el resultado real del “partido”, que el correísmo perdió en 11 de las 24 provincias del Ecuador, obteniendo una diferencia promedio a su favor de apenas el 4%. El resultado del pasado 7 de mayo fue un despropósito absoluto si se pesan los recursos invertidos de un lado y del otro (33). El correísmo obtuvo un 44% de los votos emitidos en la Consulta/Referéndum, es un buen resultado, aunque se evidencia una paulatina bajada en sus resultados electorales proceso tras proceso. De todas formas las diferencias entre la Consulta/Referéndum y una contienda presidencial son notables, los datos pueden cambiar sustancialmente, y los actores en la contiendan se multiplicarán así como el capital invertido.

De las 11 provincias que votaron contra el plebiscito correísta siete son de la Sierra y cuatro de la Amazonía. Tengan los indígenas con más o menos importancia poblacional en cada una de estas provincias, es claro que el movimiento indígena ha sido un actor fundamental en los resultados del 7 de mayo. Por ese motivo, desde el oficialismo se han hecho estos últimos meses bastantes maniobras con la finalidad de romper y dividir al movimiento social más importante del Ecuador. Desde el Ministerio Coordinador de la Política se ejerce fuerte presión sobre la Confederación Nacional Indígena de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) para firmar convenios del mismo tipo que consiguieron firmar meses antes con determinadas organizaciones de la Amazonía (Federación Shuar, Secoyas, Kichwas de Loreto o la propia Confederación Nacional Indígena de la Amazonía Ecuatoriana –CONFENIAE-). También se ha desarrollado la “Operación Lluco” (34) así como otras de captación de dirigentes indígenas de Costa, Sierra y Amazonía, situación que obliga a la actual dirección de la CONAIE a estar permanente alertas de posibles operaciones quirúrgicas que buscan la “amputación” paulatina de la organización en la cual se articula el 80% del tejido social indígena ecuatoriano.

El presidente Correa vive cotejando encuestas, todas sus acciones han de interpretarse desde esta perspectiva, situación que deberá agudizarse durante el ejercicio 2012. El correísmo ya no puede hacer promesas ni vivir del cuento de “larga y triste noche neoliberal”, el Presidente de la República tiene que presentar resultados y según estos se presenten su lectura será más o menos positiva. El imaginario revolucionario luce desgastado, el discurso contra la “pelucones” y la oligarquía ya resulta cansino a falta de reformas estructurales que llenen de contenido este tipo de dialéctica, la “larga y triste noche neoliberal” quedó trasnochada, la guerra contra los medios de comunicación no se vuelve un boomerang contra el Gobierno debido a la falta de capacidad de la “prensa corrupta”, y no se puede vivir toda la vida del 30-S por mucha marca registrada que quiera desarrollar el Gobierno en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Lo del proceso revolucionario no se lo cree ya ni el “apuntador” y las canciones de protesta y las frases del Che van quedando cada vez más descontextualizadas con el actual rumbo del Gobierno correísta. En lo estructural, el país mantiene tras cinco años de Gobierno autodenominado “revolucionario”, lacras que no se justifican bajo un discurso “izquierdista” conceptualizado ideológicamente como el “Socialismo del Siglo XXI”: 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB; la riqueza no petrolera se queda en manos de los importadores, intermediarios (financieros), y sector comercial –todos actores protagónicos de la “economía vaga”-; se mantiene una economía productiva de muy poco valor agregado en el país; el sistema productivo está hiper-concentrado; se mantiene la dependencia de los ingresos petroleros y no existe redistribución de los medios de producción ni democratización de la propiedad.

Por su parte, Alianza PAIS consolida nuevos aliados por la derecha: el mes pasado se anunciaba mediante boletín de prensa que al partido de Gobierno se unirán con el honor de la presencia de su Secretario Ejecutivo, Galo Mora, cuatro alcaldes manabitas procedentes del Partido Social Cristiano, Partido Roldosista Ecuatoriano y del Partido Sociedad Patriótica-; de igual manera, se consolidan las alianzas políticas con prefectos como Montgomery Sánchez (El Oro), Jimmy Jairala (Guayas) o Mariano Zambrano (Manabí), ninguno de ellos conocido por su militancia progresista. Pero al mismo tiempo debe enfrentar que en 2012 y 2013 le faltarán gran parte de las fuerzas organizadas y populares que le llevaron al sillón presidencial en 2006 y todavía en 2009, pasando gran parte de ellas a apoyar candidaturas progresistas en oposición. También ha de añadirse un factor que por acumulación se convierte en peligroso: la capacidad de generarse frentes de lucha sin resoluciones políticas favorables, lo cual demuestra la incapacidad de los responsables del frente político del oficialismo para construir estrategias de intervención político-social adecuadas.

El hecho de que Correa y su Alianza PAIS deban enfrentar un competidor por la izquierda presupone el desarrollo de un discurso izquierdista para este año 2012, algo ya conocido en Ecuador en abril del 2009, cuando se habló de “profundización de la revolución” o “profundización del Socialismo del Siglo XXI”. Como ya advertía en el siglo XIX el ilustre dramaturgo irlandés Oscar Wilde, “cuanto más conservadores son las ideas más revolucionarios son los discursos”.

El descontento de sectores populares agredidos por el correísmo es notable en las calles del Ecuador, y existe riesgo de importantes movilizaciones en 2012 protagonizadas por servidores públicos, médicos, estudiantes, campesinos, indígenas, comuneros a los que se les está quitando las tierras, regantes y víctimas de la minería por tan solo poner algunos ejemplos.

No se presupone inestabilidad económica ni bajada del precio del petróleo, lo que en este sentido le da cierta tranquilidad al Ejecutivo. El objetivo del presidente Correa es ganar en la primera vuelta, el objetivo de la oposición –de todas las oposiciones- es forzar la segunda vuelta, bajando el porcentaje de voto a Correa por debajo del 40% en la primera vuelta.

¿Qué pasaría en una segunda vuelta?, ¿Cómo se recompondrían las alianzas electorales?, ¿Puede más el anticorreísmo que las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha?, en fin, todas estas preguntas son las que pretende no tener que contestarse el presidente Rafael Correa pasado el 20 de enero del 2013.

Notas:

(1)Datos Registro Nacional de Tumores del Ecuador
(2)http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=29042:ministra-betty-tola-multiplica-proceso-informativo-sobre-proyecto-minero-en-molleturo&catid=3:economia&Itemid=44
(3)La intervención de las fuerzas represivas del Estado en conflictos vinculados con el extractivismo y la protesta social es una práctica habitual en la historia ecuatoriana. Durante el mandato del presidente Rafael Correa destacan en este sentido las actuaciones desarrolladas en Dayuma, parroquia rural del cantón y provincia de Orellana (Amazonía ecuatoriana), donde el 26 de noviembre de 2007 se inició una protesta social por la paralización de las obras desarrolladas por la compañía FOPECA, a lo que el Estado reaccionó declarando el Estado de Emergencia en toda la provincia de Orellana, militarizando y reprimiendo a la población local bajo el argumento de “grave conmoción interna”; así como las diferentes intervenciones policiales y militares sobre los pobladores locales que ejercieron “paros” y “cortes de carreteras” en localidades afectadas por la explotación minera. El colofón de estas intervenciones represivas sobre las protestas sociales durante el régimen actual se dio el 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, donde falleció el profesor indígena Bosco Wisuma durante los enfrentamientos entre población local y unidades de la Policía Nacional enviadas al territorio para sofocar la movilización en reclamo por la Ley de Aguas.
(4)http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=29091:la-amazonia-respaldo-a-la-revolucion-ciudadana-en-eleccion-de-juntas-parroquiales&catid=40:actualidad&Itemid=63
(5)http://www.mpd15.org.ec/
(6)En alusión al libro Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, comúnmente llamado Leviatán (en inglés Leviathan), la obra más conocida del filósofo político inglés Thomas Hobbes, publicado en 1651. El título del libro hace referencia al monstruo bíblico Leviatán, que posee un poder descomunal. En este libro, Hobbes establece su doctrina de derecho moderno como la base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. En su obra Hobbes justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal.
(7)http://www.elcomercio.com/negocios/Proforma-Presupuesto-General-Estado-2012-Pro-forma_ECMFIL20111129_0007.pdf
(8)Según el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, indica en la Enciclopedia de la Política, en 1997, que el término “partidocracia” apareció en Europa después de la segunda guerra para “designar la presencia decisiva de los partidos en la vida política, en que prácticamente asumieron el monopolio de la actividad pública europea durante el proceso de la reconstrucción democrática después de la caída del fascismo”. Para Borja, el sistema se deformó debido a que algunos partidos han perdido democracia interna, se han enquistado dirigentes, sin olvidar que: “siendo los partidos elementos sustanciales de la democracia, la partidocracia ha devenido en un fenómeno antidemocrático porque escamotea los derechos de la gente y mediatiza su participación política”.
(9)El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó el primer lugar en la categoría “Estrategias de Bancarización” de los premios Beyond Banking al proyecto denominado “Banco del Barrio”. Según su acta fundacional, el objetivo fundamental del BID a través de los premios Beyond Banking es fomentar una industria de servicios financieros que conjugue la rentabilidad económica con la rentabilidad social, además que opere con transparencia, respete el medio ambiente, las comunidades y logre mayor cobertura.
(10)El ex presidente del Gobierno José María Aznar defendió el pasado 15 de noviembre en Madrid, durante la presentación del libro “Cartas a mis hijos”, que el presidente del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso, puede ser un “activo positivo” y un “gran motor de iniciativas sólidas” para el futuro de Ecuador.
(11)http://usfq-ecuador.blogspot.com/2011/01/crea-tu-propia-historia-conferencia-por.html
(12)El Dr Naim fue incluido por el World Economic Forum como miembro del International Media Council, una agrupación que congrega las cien lideres más influyentes del mundo en el área de medios de comunicación. Naím también preside el Grupo de los Cincuenta, organización formada por los principales dirigentes empresariales de América Latina y es miembro de la junta directiva del National Endowment for Democracy (NED) y de Population Action International.
(13)La revista Foreign Policy fue fundada en 1970 por Samuel P. Huntington y Warren Demian Manshel como un revista trimestral. Naim ejerció como redactor jefe entre 1006 y 2009. El 29 de septiembre de 2008, Washington Post Co. anunció la compra de Foreign Policy a Carnegie Endowment for International Peace.
(14)http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/04/AR2006090400699.html
(15)Hugo Banzer Suárez fue un general y político boliviano, presidente de la República en 2 períodos: 1971-1978, como dictador, y 1997-2001, constitucionalmente. Se estima que durante su primer gobierno unos 150 prisioneros políticos desaparecieron, habiéndose encontrado posteriormente en los sótanos del Ministerio del Interior celdas de tortura y huesos humanos.
(16)En el curriculum de la hoy embajadora ecuatoriana en los Estados Unidos constan: 1998-1999 Directora del Programa Bono Solidario y 1999-2000 como Directora de la Unidad de Reforma, ambas responsabilidades desarrolladas en el Consejo Nacional de Modernización del Estado, el organismo por el cual se canalizó gran parte de la privatización en el Ecuador. Ver: http://www.bce.fin.ec/documentos/ElBancoCentral/Cely.pdf
(17)Álvaro Noboa perdió su puesto como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, al convertirse el 12 de enero de 2008 en el único asambleísta que no entregó su declaración de bienes, su registro de impuestos, así como negarse a dar la autorización de apertura de cuentas bancarias en Ecuador y el exterior, por lo que quedó destituido automáticamente, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento de la Constituyente.
(18)La expresión Tirios y troyanos se origina en La Eneida de Virgilio. En el libro I la reina Dido le dice a Eneas en un llamado a la convivencia: “La ciudad que estoy levantando vuestra es; varad vuestras naves; ninguna distinción habré de hacer entre tirio y troyano”. De aquí deriva la expresión “tirios y troyanos”, que se usa hasta ahora para referirse a dos grupos de personas siempre enfrentados y que nunca se ponen de acuerdo.
(19)El sobrenombre con el que popularmente se conoce a Fabricio Correa deriva de la publicación de un libro de periodismo de investigación titulado “El Gran Hermano” por el cual se revelan los contratos del hermano mayor del Presidente de la República con el Gobierno ecuatoriano. La obra se basa en la investigación de varios hechos acontecidos desde fines de 2008, y que tienen como denominador común a una sola persona, Fabricio Correa, quien mantuvo muchos contratos con el Gobierno durante el primer período del gobierno del presidente Correa. El texto se centra en la simulación de compra de empresas panameñas por Fabricio Correa, para poder suscribir los contratos; y de otro lado la acción del Estado y la poca fiscalización que se hizo sobre todo lo concerniente a este asunto.
(20)El nombre de la agrupación política de Fabricio Correa es copiado de lo que fue el Equipo Colombia, un movimiento político fundado por el ex alcalde de Medellín y ex ministro Luis Alfredo Ramos a mediados de los ochenta, y al interior del Partido Conservador, para hacer contrapeso al otro movimiento conservador de Antioquia, la Fuerza Progresista del Coraje. Tras tener una discreta participación a nivel nacional, en las elecciones de 2002 Ramos decidió encabezar una lista al Senado y obtuvo más de 230.000 votos y tres curules, a las que suma la del senador del Huila Jaime Bravo. En 2003 incursionó con éxito en Bogotá obteniendo tres escaños en el Concejo Distrital. En 2004, Equipo Colombia se retira del Partido Conservador para emprender en solitario su camino a las legislativas. El 14 de diciembre de 2005 se formalizó la fusión entre el Partido ALAS y el Movimiento Equipo Colombia, dando origen al Movimiento Alas Equipo Colombia. El presidente de la agrupación es Ramos, y el jefe de la bancada parlamentaria era el ex senador Álvaro Araújo. La organización política formó parte de la alianza uribista. La alianza de los dos partidos terminó en septiembre de 2009 luego de acordarse su disolución, ALAS conservó su personería jurídica mientras que los miembros de Equipo Colombia se unieron al Partido Conservador Colombiano. ALAS, sin embargo, no obtuvo la cantidad de votos necesarios en las Elecciones Legislativas de 2010 para mantener su personería jurídica. El 18 de Abril de 2010, Álvaro Araújo, fue condenado por la Justicia como implicado en alianzas con grupos armados ilegales (paramilitares) en el departamento del Cesar y condenado a nueve años y tres meses de prisión. El 8 de febrero de 2011 recupera su libertad (bajo libertad condicionada).
(21)Según Fabricio Correa: “Ecuador es un paraíso expresó, existen todos los recursos necesarios, la propuesta de EQUIPO es que Ecuador sea campeón, así como los es en cacao, rosas, banano, campeones con varios de nuestros deportistas, queremos que con un buen ´EQUIPO´, vamos a traer inversiones y generaremos empleos (…) hoy el director técnico (en alusión al presidente Rafael Correa) nos hace jugar en la serie B. Nos hace hacer negocio con Bolivia, Cuba, Venezuela. Tenemos la necesidad de tener un director técnico que nos haga jugar en la liga mayores hay que ir Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos de allá vienen las importaciones”. Ver http://www.fabriciocorreadelgado.com/
(22)http://www.elimparcial.es/contenido/95407.html
(23)La Jauría humana es una película estadounidense de 1966, del género drama, dirigida por Arthur Penn. Su argumento se desarrolla en un pueblo del Sur de los Estados Unidos, donde tras el regreso de un prófugo de la justicia condenado injustamente, se desata el caos. El sheriff, interpretado por Marlon Brando, debe lidiar con los personajes siniestros del pueblo y sus miserias.
(24)La Operación Fénix fue un ataque de la Fuerza Aérea de Colombia, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el día 1 de marzo de 2008, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante en rango del grupo armado insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se encontraban en un campamento clandestino en territorio ecuatoriano. El ataque produjo una crisis diplomática regional por la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana.
(25)Desde la salida de Gustavo Larrea del Gobierno correísta han ocupado los cargos de Ministro Coordinador de la Política el actual Canciller de la República, Ricardo Patiño; la actual titular del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Doris Soliz; y la actual titular del ministerio, la recién llegada Betty Tola, proveniente de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI).
(26)http://www.eluniverso.com/2008/06/29/0001/8/40C98AA564574C918AE519C02A5B2BF8.html
(27)Extracto de La enfermedad Infantil del ‘izquierdismo’ en el Comunismo de V.I. Lenin: “La causa fundamental de su bancarrota –la de la II Internacional- consiste en que se han dejado ´encandilar´ por una forma determinada de crecimiento del movimiento obrero y del socialismo, olvidándose de su unilateralidad; han tenido miedo a ver la brusca ruptura, inevitable por las circunstancias objetivas, y han seguido repitiendo las simples verdades aprendidas de memoria y a primera vista indiscutibles: tres son más que dos. Pero la política se parece más al álgebra que a la aritmética y todavía más a las matemáticas superiores que a las matemáticas simples. En realidad, todas las formas antiguas del movimiento socialista se han llenado de un contenido nuevo y un nuevo signo ha aparecido por lo tanto delante de las cifras, el signo ´menos´, mientras nuestros sabios seguían (y siguen) afirmando tenazmente a todo el mundo que ´menos tres´ es mayor que ´menos dos´. Hay que procurar que los comunistas no repitan el mismo error en el otro sentido, o mejor dicho, que ese mismo error, cometido, aunque en un sentido contrario, por los comunistas ´de izquierda´ sea corregido y curado con el máximo de rapidez y el mínimo de dolor para el organismo. No sólo el doctrinarismo de derecha constituye un error, también lo constituye el doctrinarismo de izquierda”.
(28)Martha Roldós consiguió el 4,33% de los votos (298.765 votos) a la Presidencia de la República en abril del 2009, resultado no desestimable teniendo en cuenta que su votación es básicamente guayasense.
(29)El Movimiento Municipalista nace a razón de la negativa de sus candidatos a someterse a las elecciones primarias en Alianza PAIS, a la imposición de candidatizarse solo bajo la lista 35, y a renunciar a sus agrupaciones políticas. Fue una herramienta electoral que permitió la agrupación de 150 alcaldes que coquetearon con el oficialismo pero luego se negaron a participar bajo los principios impuestos por el partido de Gobierno. Debido a esa naturaleza, pasada las elecciones de abril careció de un posicionamiento político común, de coordinación y de sentimiento de pertenencia.
(30)La hipótesis de que Alianza PAIS pudiera perder la Alcaldía de Quito en 2013 significaría un desastre de gran envergadura para el presidente Correa. La centralidad política de Quito, dígase lo que diga sobre el proceso de descentralización, es indiscutible. ¿Y cómo no? También un plataforma política para saltar la Plaza Grande y ocupar el Palacio de Carondelet. Personajes como Antonio Ricaute, a pesar de su debilidad política, tiene clara esta situación. El apoyo decidido de Moncayo a una candidatura alternativa al oficialismo en Quito, podría tener graves consecuencias para el correísmo. La poca aparición pública del Alcalde Augusto Barrera incluso durante las fiestas de Quito (con tres millones de dólares en gasto) son indicadores que anuncian un posible recambio en la candidatura de Alianza PAIS para el 2013.
(31)http://elcomercio.com/politica/revolucion-ciudadana-debilitandose-Diego-Borja_0_601739935.html
(32)A partir del anuncio por parte de Lenin Moreno, Vicepresidente de la República, de renunciar a la vida política para el próximo ejercicio político ha desatado al interior de Alianza PAIS un seria disputa entre diferentes sectores políticos y económicos que aspiran a ser binomio del presidente Correa. La diversidad de nombres es enorme, nada que el líder de Alianza PAIS no pueda resolver, pero resulta sorprendente la diversidad de aspiraciones claramente diversas que concurren a la carrera (suenan nombres como Doris Soliz, Montgomery Sánchez, María Fernanda Espinoza, Nathalie Cely, María del Sol Corral o Ramiro González por poner tan solo algunos ejemplos).
(33)Las organizaciones de la izquierda política que auspiciaron el NO apenas contaron con recursos económicos, entre las organizaciones políticas de la derecha que se opusieron a las preguntas del régimen las campañas fueron de baja intensidad o nulas, salvo algunas que otras excepciones.
(34)http://ns2.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=162580&umt=pachakutik_desconoce_a_miguel_lluco_como_dirigente_en_provincia_chimborazo

D. Machado es sociólogo y periodista español, residente en Ecuador, y analista en temas de política. Se reproduce aquí con el permiso del autor. Diciembre 2011.

Queremos compartir algunas miradas al conflicto provocado por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Cajamarca que han estado ausente ó poco presente en los artículos periodísticos y analíticos sobre el caso. Más que afirmaciones son hipótesis que buscan ampliar las explicaciones e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo, y sobre lo que va a implicar para los años que vienen. Ellos se basan en nuestro trabajo colaborativo con comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con estas en los últimos años.

I.
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de disputa. Sin un proyecto y aparato político sólido, en un país con poca institucionalidad, el curso del gobierno dependerá de la eficacia de incidir en ello de distintos actores que al parecer  buscan convencerlo de pertinencia sus intereses. Da la impresión que en este juego, las negociaciones del gravamen minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando las empresas para mantener sus privilegios con casos de proyectos controversiales como lo de Conga.

Como Ollanta Humala, Gregorio Santos (presidente regional de Cajamarca, proveniente de las filas de Patria Roja) se mueve en base de los cálculos de la política institucional. El resultado de esto marcará el curso, la popularidad y el éxito tanto del gobierno nacional, como del regional.
Por lo dicho, tiene tan poco sentido actuar desde la tesis “Ollanta traidor”, como de la tesis “Tenemos que cuidar al gobierno para no caer en el juego de la derecha”. Más bien, requerimos de análisis más complejos y políticos del curso del gobierno que permita desarrollar estrategias organizadas y articuladas de presión y a la vez construir cambios desde abajo por parte de todas y todos que se sienten comprometid@s  con la gran transformación del Perú.

II.
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población urbana-Estado, y no solo el futuro de este mismo proyecto:
Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años proyectos que contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o impuesta por la fuerza de la organización social) con los autoridades locales no han logrado proceder (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish, etc.). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como Conga logra proceder bajo el discurso de la “minería más responsable” abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. En Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avanzan las otras explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en el país.

En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este sentido, la declaración de estado emergencia, medida muy prematura y excesiva, genera mucha preocupación. Las acciones desarrolladas previa y durante el dialogo tenían las características de una operación militar que buscaba controlar un territorio. Lejos de ver a los conflictos como oportunidades para corregir los males del Estado peruano, se los sigue viendo como amenazas que requieren de respuestas que evidencian la fuerza del gobierno, muy parecido a la política del gobierno aprista anterior. A ello se suma que se utiliza un marco legal muy cuestionable como es el DL 1095. La detención arbitraria de los dirigentes cajamarquinos en Lima, la represión de un plantón de solidaridad en Lima, y la congelación ilegal de los fondos del gobierno regional confirman la preocupación que el gobierno nacionalista recurre con facilidad y prematuramente a medidas autoritarias ante situaciones que percibe como crisis. Esperamos que esta tendencia se corrija.

En tercer lugar, el discurso de la “minería responsable para la inclusión social” busca restablecer la hegemonía del modelo extractivista en el país, que se encuentra debilitado por tanto conflicto, violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuanto compromiso y solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias con la protección del medio ambiente y el territorio en las otras regiones del país.

Esta dimensión geo-política del conflicto Conga se obvia sistemáticamente de la mayoría de los análisis del caso, inclusive por autores independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente para los(as) campesinos(as) cajamarquinos(as) esta dimensión está muy clara (más que todo en relación al futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas, desmintiendo las viejos tesis vanguardistas que ellos no tendrían consciencia política, y por tanto son manipulados (como plantea la derecha) ó requieren dirección (como plantean algunos sectores de izquierda).

III.
En los conflictos mineros de los últimos años uno puede percibir un desarrollo tanto organizativo, como discursivo. Si bien es cierto que no ha resultado en la consolidación de una organización representativa que presenta una agenda concertada -como planteaba Anahí Durand-, se puede percibir que los reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos en el país.

En consecuencia –al contrario de hace cinco años- en las protestas de hoy está presente una agenda de cambios que permitirían cambiar la política minera en el país, si habría la voluntad política para ello. Esta agenda incluyera políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta (que se debe dar antes de dar concesiones), la transferencia de los EIAs al Ministerio del Medio Ambiente o una autoridad independiente, la definición de zonas libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso de agua, revisión de EIAs controversiales, inversión en el agro como alternativa económica, etc.
Hasta ahora el gobierno persiste en tratar caso por caso, sin tocar las cuestiones de fondo y sin impulsar una política minera distinta e integral. Esto implicará muy probablemente  nuevas Congas en los años que viene.

IV.
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país que conozca mejor las implicancias de la minería “moderna” debido a la presencia de Yanacocha desde las noventas, en cuanto a contaminación, daños a la salud humana, escasez de agua, etc.. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa, es de un racismo y tutelaje escandaloso.

De otro lado, en Cajamarca persiste un nivel de organización social y política mayor a otras partes del país (pese a la caracterización por algunos académicos de que habría conflictos sin movimientos), incluyendo la presencia de líderes muy capacitados ligados a movimientos nacionales (como Tierra y Libertad y Movimiento Nueva Izquierda) y acompañados por técnicos e intelectuales locales.

Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha, que se sostiene en las redes amplias de trabajo y  el asistencialismo de las empresas mineras, pero a la vez, es evidente que una parte mayor de la población después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos beneficios, están convencidos y convencidas que la minería no puede ser el futuro de la región.

Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de comunicación: esto no implica que están en contra de la “minería como tal”, pero sí que plantean que deben haber límites a esta actividad, que no puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene el derecho de elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también varias propuestas: una de ellas mayor inversión estatal en la actividad agrícola. Sumado a ello la fuerza organizativa deja en claro que el Estado de Emergencia no va a resolver el conflicto, sino más bien aumenta la indignación de la población sobre lo vivido.

V.
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión para el gobierno y para la actividad minera en el país, pueda ser un momento (re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones, colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un Perú más justo y democrático).

Definitivamente el curso  de gobierno, la persistencia (o nueva etapa) del modelo extractivista en el país y las respuestas desde abajo frente a ello permiten repensar a los proyectos de transformar la realidad peruana, y podrían favorecer a que surjan nuevas formas de relación entre ellas, redes e iniciativas compartidas. Un ejemplo inmediato podría ser la Marcha Nacional del Agua como iniciativa articuladora para impulsar cambios en la regulación de las industrias extractivas en el país, como también el Pacto de Unidad de organizaciones campesinas e indígenas que se viene forjando. Dentro de Gana Perú implica además que los y las congresistas electos están definiendo su relación con los movimientos sociales en el país, y su autonomía frente al gobierno.

Creemos que hay cuatro cuestiones fundamentales en este momento de potencial reconstitución del campo progresista y de las relaciones entre los sujetos sociales y políticos en el país (y en el mundo en general frente al escenario de múltiples crisis):

•    La discusión del modelo de desarrollo – el modelo de desarrollo extractivista es el fondo de los conflictos mal llamados socio ambientales. Una política de cambio en este momento en el mundo, en América Latina y en el Perú es una política que transforma el modelo extractivista, generando otra economía, otra política y otra cultura en función del bien estar (o buen vivir) de todas y todos, y de los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones para gozar un mundo sano.

•    La cuestión del Estado y de la autonomía – el curso de los distintos gobiernos progresistas en la región muestran las enormes limitaciones de generar cambios fundamentales (solo) desde el Estado. Aunque creemos que siempre hay que tratar de incidir en el Estado, la construcción de cambios culturales, económicos y políticos desde abajo, impulsando alternativas y autonomías es una dimensión fundamental de una política de cambio. Es además una condición indispensable para que pueda haber victorias electorales y políticas estatales transformadoras.

•    La cuestión de la relación entre las distintas luchas y opresiones – una política de cambio ya no puede (y nunca pude) asumir solo una lucha, desde un sujeto principal con una agenda propia. Es necesario combatir todas las opresiones a la vez que mantienen el sistema actual, y ello requiere diálogo y articulación entre los movimientos sociales del país.

•    La construcción de una nueva cultura política – las construcciones políticas caudillistas, autoritarias, machistas, coloniales, vanguardistas y sectaristas que hemos conocido en todo este tiempo ya no puedan servir para generar cambios de fondo.  Creemos que para nueva política se requiere la construcción profunda, lenta, pero segura,  de un proceso colectivo y personal del cambio. Para el periodo que viene esto implica mayor apertura a la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones, frentes y colectivos basados en los intereses comunes de los pueblos en vez de los intereses particulares de cada uno. Visto la cultura política del campo progresista en el país, esto va a ser un desafío grande y de suma importancia.

Para nosotr@s el horizonte de todo ello sigue siendo la construcción de un Estado laico, plurinacional, descentralizado y realmente democrático, en lo cual se celebra la diversidad de nuestro país, se promueve la libertad y la autonomía de las personas y de los pueblos, y se impulsa una economía diversa, social y sostenible que coloque como parte a los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. Ello requiere de un cambio radical de las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre los pueblos y los gobiernos, entre las organizaciones del campo progresista, que a su vez implica la necesidad de una cultura diferente. Todo esto está en disputa hoy en día, y seguirá estándolo en los años que vienen.

Prescrito: Aunque este artículo fue concluido el 8 de diciembre, consideramos que los últimos hechos de la política nacional (el cambio del gabinete) confirman las tendencias e hipótesis señaladas, y por lo tanto, decidimos igual publicar el texto el jueves 15. Se reproduce aquí con el permiso de los autores. Diciembre 2011

En días pasados, se dió a conocer un reportaje sobre el “Manifiesto de economistas aterrados”, bajo el título “Los economistas franceses se indignan”.

El reportaje comenzaba así: “¿Quién es responsable de la crisis financiera? Para prestigiosos economistas franceses la respuesta está clara: el poder de los mercados y la creencia en los principios neoliberales. Tras el filósofo Stéphane Hessel, ahora son los economistas franceses quienes se indignan. En su “Manifiesto de economistas aterrados”, firmado por 630 expertos, no sólo critican, como hace Hessel en su “¡Indignaos!”. También proponen alternativas concretas”.

Quisiera traer a colación más extensamente ese documento, incluyendo algunas de sus propuestas.
El Manifiesto, fechado el 24 de octubre de 2010, comienza advirtiendo que las autoridades europeas le están dando la espalda a todo intento de reactivación de la economía (a diferencia de sus similares de China y EEUU), pues Europa ha decidido concentrarse en la lucha contra los déficits públicos.

Este énfasis en la “estabilización” (término de no muy grata memoria en América Latina), bien puede interpretarse como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, pero más bien parece ser el pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología neoliberal y los grandes poderes económicos europeos, con los megabancos a la cabeza. Exigen por tanto un debate democrático sobre el curso de la política económica, acostumbradamente impuesta por poderes políticos que nadie ha elegido, como son los directores de los bancos centrales.

Luego se enlistan y comentan críticamente las siguientes “10 falsedades”, aportando evidencia en cada caso de por qué se trata de afirmaciones que no se pueden considerar verdades evidentes, a pesar de que así lo propugna el credo neoliberal:

Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.

Pero quizá lo más importante del documento, es que a lo largo del mismo se incrustan 22 medidas anti crisis y en pro de la reactivación del crecimiento y el desarrollo inclusivo. Transcribo sólo algunas que pueden ser de especial interés en nuestro medio.

Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversión en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro (desempleo).
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.

Terminan trazando algunas ideas para refundar la Unión Europea:
“A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento”.

En síntesis, una política para la “intervención sistemática de los mercados” (y no sólo de los mercados financieros, que es el énfasis comprensible de los autores); una intervención no en función de los mercados mismos, sino de la reproducción de la vida humana.

Henry Mora, economista y ex decano en la Universidad Nacional, Costa Rica.

Publicado originalmente en El País, Costa Rica (aquí…).

La región de Puno se encuentra en el sur del Perú, en una zona alto andina frontera con Bolivia. Desde hace varias semanas las protestas no cesan contra la actividad minera.

Estas se iniciaron como una reacción frente al proyecto Santa Ana, de la canadiense Bear Creek Mining Company (1), en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito) y se extendió por todo Puno, cuestionando la política nacional de concesiones mineras.

Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “hay un tufillo político” ha declarado el presidente peruano Alan García; “se mueven intereses subalternos” dicen algunos editoriales de los principales medios de comunicación. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.

En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región del Perú con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010, lo que representa casi el 25% de su territorio.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores de Puno perciben que la expansión minera no cesa de aumentar, sin ningún tipo de control y sobre todo que sus derechos no son protegidos.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en algunas zonas también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

Otro tema que aparece en el debate es el de la minería en zonas de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que (siempre hay un salvo que) se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. Como el proyecto Santa Ana está ubicado en plena frontera con Bolivia se ha tenido que emitir un decreto supremo que autoriza a la empresa canadiense Bear Creek Mining a desarrollar sus actividades. Este decreto es cuestionado por la población que no entiende cómo se fundamenta en este caso el interés nacional.

Lo cierto es que el foco de conflicto en Puno rápidamente ha apuntado al tema de las concesiones mineras y se viene exigiendo la anulación de todas las concesiones otorgadas en la región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) ha sido desplazado a un segundo plano y el cuestionamiento a una determinada política pública ocupa el lugar estelar en el conflicto.

Esta situación ha abierto un debate importante y obliga a evaluar lo que viene pasando con el tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados y se han convertido en fuente permanente de conflictos: las decisiones se toman en la capital del país, sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, menos aun con las poblaciones y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varias autoridades regionales y locales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.

Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.

Este tipo de procedimientos deben ser modificados para evitar situaciones como las que han ocurrido en esta localidad peruana. El conflicto en Puno ha permitido colocar varios temas en la agenda de debate público en plena campaña electoral en el Perú y apunta a generar cambios sustantivos en las políticas extractivistas que se aplican desde hace un buen tiempo. Habrá que ver si las nuevas autoridades estarán a la altura de las circunstancias y responden al pedido de poblaciones enteras.

(1) La audiencia pública de presentación del Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero de Santa Ana se realizó el 23 de febrero 2011.

José de Echave es integrante de CoopAcción, que entre sus actividades hace un seguimiento del extractivismo en Perú. Mayo 2011.

http://www.cooperaccion.org.pe/