ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DESPUES DE LAS ELECCIONES EN ECUADOR

Eduardo Gudynas

tn_EcuadorEleccionesCorrea ¿Cuáles son las principales implicancias de la victoria de Rafael Correa para las alternativas al extractivismo en particular, y al desarrollo en general? ¿Sus duras posiciones contra los movimientos sociales serán tomadas como ejemplo por otros gobiernos progresistas? Estas y otras preguntas resultan de la contundente victoria de Correa, y su base política (Alianza País), en las elecciones ecuatorianas de febrero de 2013.

La importancia del caso ecuatoriano se debe a que su sociedad civil fue innovadora en sus respuestas al extractivismo (postulando, por ejemplo, una moratoria petrolera en la Amazonia), y más recientemente ha resistido la intención gubernamental de promover la minería. El presidente Correa calificó repetidamente a esas posturas como “infantiles”, y los desafió a que buscaran el respaldo del voto en las próximas elecciones.

En el reciente proceso electoral, el agrupamiento político partidario que postuló entre sus temas las alternativas al extractivismo fue la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Esa coalición cosechó un muy bajo respaldo (poco más del 3% de los votos presidenciales). El reelecto presidente Correa rápidamente señaló esa escasa adhesión electoral, y anunció un nuevo empuje al extractivismo.

Todos estos hechos tendrán impactos a nivel continental. En países bajo gobiernos progresistas ya se observan referencias al caso ecuatoriano para insistir en que las resistencias ciudadanas al extractivismo y la discusión de alternativas al desarrollo carecen de sentido. Por este tipo de razones, el caso ecuatoriano debe ser analizado.

Es posible presentar algunos elementos destacados que, sin agotar en detalle la cuestión, permita reflexionar sobre las implicancias a nivel continental, y desde la perspectiva ciudadana. Este ejercicio se presenta en la serie “Aportes a las Transiciones”, y aquí se resumen algunos de sus contenidos (el texto completo está disponible en la biblioteca de la iniciativa de Transiciones a las alternativas al desarrollo aquí…).

Se comienza insistiendo en analizar el contexto ecuatoriano sin caer en los slogans. La administración Correa no es ni una izquierda perfecta, ni un neoliberalismo disfrazado. Es una expresión de una izquierda criolla, bajo un nuevo formato, heterodoxo, que mezcla prácticas en unos casos innovadoras y en otros conservadoras. A su vez, este progresismo gobernante no escapa al marco impuesto por sociedades donde la cultural neoliberal caló más profundamente de lo que se admite.

Un primer aspecto a señalar en el proceso ecuatoriano es la exigencia de Correa que los afectados por el extractivismo busquen votos en una elección como criterio para determinar la validez de sus reclamos. Ahora, como sacaron muy pocos votos, sus voces podrían ser desechadas.

Esa postura no tiene sustento y refleja un entendimiento limitado de la democracia. Es como si se pidiera a quienes demandan por mejor atención en los hospitales, que esperen a la próxima elección, para organizarse en el “partido de los usuarios de hospitales”. Esa no es la vía para determinar la legitimidad y relevancia de los problemas del extractivismo. Es, por otro lado, una postura que se asemeja a la situación venezolana, imponiendo la idea del “sacrificio” en comunidades locales para asegurar el supuesto beneficio de toda la nación.

El caso ecuatoriano también es interesante por el manejo del problema de la corrupción. Parecería que se toleran mayores niveles de corrupción, tanto desde los agrupamientos político-partidarios de izquierda como desde la sociedad. Los electores no castigan esos niveles de corrupción en las elecciones. Esto sucedió en Ecuador, pero otro tanto ocurre en Argentina, Brasil y otros países. En varios países las denuncias de corrupción parecen no tener efectos sustantivos en la adhesión electoral y el progresismo en el gobierno no parece combatirla con efectividad.

Esta cuestión es muy importante para las agendas postextractivistas, ya que muchos emprendimientos agrícolas, mineros o petroleros, se llevan adelante violando normas legales, desmantelando la capacidad de control estatal, o incluso con sobornos. O sea que de una u otra manera, la corrupción los hace posibles. Si la sociedad tolera la corrupción, se hace mucho más difícil construir una agenda de alternativas al desarrollo.

El caso ecuatoriano también muestra la creciente importancia de las ansias por el consumo. Un consumismo popular, que va desde teléfonos móviles a pantallas planas, genera niveles de satisfacción que los gobiernos saben aprovechar. Esta apetencia es muy importante para sopesar posibles salidas al extractivismo, ya que éstas requieren repensar los patrones de consumo, moverse hacia actitudes más austeras y recontextualizar los sentidos de la buena vida y la felicidad.

Paralelamente, los gobiernos sostienen ese consumo por medio de facilidades a las importaciones y una balanza comercial que equilibran gracias a seguir aumentando las exportaciones desde el extractivismo. Frente a esto, las alternativas al desarrollo postulan una reducción de las exportaciones de materias primas, la que iría de la mano con reducciones en las importaciones de bienes, de donde se afectará el consumismo actual.

Estos y otros aspectos del proceso ecuatoriano muestran que es necesario mejorar y reforzar los análisis de coyuntura. Ese es un tipo de análisis de enorme importancia, pero que cuyo ejercicio se ha debilitado entre las organizaciones de la sociedad civil. Cuando esos análisis son débiles o errados, las estrategias de acción muchas veces son inefectivas o equivocadas. Para superar esta limitación es necesario retomar y reforzar los análisis de coyuntura.

En el caso ecuatoriano buena parte de la agenda post-extracivista estuvo centrada en un actor partidario (la coalición de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas), y la presencia de los movimientos sociales fue menor. Desde una mirada comparada, en Perú la situación fue distinta en la última elección presidencial, ya que el énfasis provino desde la sociedad civil. Esos y otros aspectos llevan a subrayar la importancia de contar con la activa expresión de organizaciones ciudadanas independientes, en el sentido que éstas no estén restringidas a un único colectivo político-partidario. Ese componente es indispensable para promover las alternativas al desarrollo, ya que busca influir en toda la sociedad y todos los partidos. Esa presencia ofrece espacios a grupos a veces marginales a la política partidaria y son uno de los canales por lo cuales los jóvenes ingresas a estas temáticas. Sus aportes son indispensables para hacer visible las alternativas al desarrollo, y no sólo eso, sino que aseguran su necesario carácter democrático y plural.

Siguiendo el repaso del caso ecuatoriano, otro proceso destacado es la apropiación gubernamental de conceptos que surgieron desde la sociedad civil con un sentido de cambio radical, para redefinirlos y hacerlos funcional al desarrollo convencional. El caso más impactante en Ecuador se ha dado con el Buen Vivir, el que en sus contenidos originales era tanto una crítica al desarrollo convencional como una articulación de propuestas alternativas, tanto postsocialistas como postcapitalistas.

La administración Correa se apropió de ese concepto, le quitó su sentido de alternativa al desarrollo, y lo redefinió como una variedad dentro del socialismo. Un buen ejemplo de esa postura es Fander Falconí, secretario de planificación del gobierno, al decir que la victoria electoral significó el “triunfo” del Buen Vivir. Esa posición es muy discutible, ya que la administración Correa mantiene varias prácticas convencionales, es discutible que se estén fortaleciendo todos los derechos de la nueva Constitución (basta tener presente las enormes resistencias a los derechos de la Naturaleza), y si realmente se entendiera la esencia del Buen Vivir no se diría que es un socialismo, no se marginaría a las minorías ni se insistiría con el extractivismo minero o petrolero.

La apropiación de conceptos con capacidad de cambio radical, para redefinirlos y hacerlos funcional al derecho convencional, no es una novedad. Está en marcha en otros países; por ejemplo, en Bolivia con la reciente redefinición del Vivir Bien como un resultado del “desarrollo integral”.

Frente a esa situación, se postula que no se debe renunciar a esas ideas, y que su significado es ahora un nuevo campo de batallas ideológicas y políticas. La promoción de alternativas al desarrollo transita por no perder el sentido original de esos conceptos y disputarlos en todos los planos.

Finalmente, también se deben considerar los efectos del caso ecuatoriano al reforzar democracias delegativas, hiperpresidencialistas, y por lo tanto con menores oportunidades para la participación, consulta y alternativas al desarrollo. En varios países se repite la ausencia de una institucionalidad en el seno de los grupos políticos, cayéndose en una dinámica “gelatinosa”, dependiente de un líder iluminado. Si los grupos partidarios terminan siendo conglomerados que orbitan alrededor de líderes carismáticos, esa forma de hacer política se termina instalando a nivel nacional, tanto dentro del Estado como incluso en el seno de la sociedad.

La dinámica política permite el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas, la criminalización de la protesta y la falta de canales adecuados de participación. Todo esto lleva a que distintos actores de la sociedad civil entiendan que los espacios políticos institucionalizados estén perdidos, y poca cosa se pueda hacer así. De esta manera, siguiendo procesos distintos, desde los gobiernos y desde algunos sectores ciudadanos, se cae en una actitud antipolítica.

Pero si carecemos de espacios políticos que sean plurales, concurridos y transparentes, ¿cómo se van a construir colectivamente las alternativas al desarrollo? ¿dónde se obtendrán las indispensables adhesiones sociales para promover esas ideas? Una actitud antipolítica no mejora nuestras posibilidades, y en cambio erosiona la legitimidad y fortaleza de los espacios políticos (en sentido amplio), limitando las propias posibilidades de construir una agenda postextractivista consensuada con otros sectores sociales.

Evidentemente no puede caerse en los viejos vicios de la política partidaria convencional, y por lo tanto se la debe reformular. Pero esa tarea no se agota en un mero cambio de etiquetas, donde en lugar de hablar de “partidos” nos referimos a “movimientos”. En realidad, la discusión actual de las alternativas al desarrollo incorpora reclamos de una mayor democratización de las estructuras partidarias (o como se las quiera llamar), transparencia en su dinámica interna, clarificar la toma de decisiones, incorporar mecanismos efectivos que eviten la corrupción, etc.

El análisis concluye subrayando dos componentes comunes. El primero tiene que ver con la rigurosidad. Actualmente, el campo de los slogans simplistas o exagerados ya está ocupado por las corrientes políticas de la derecha e izquierda convencional. En cambio, las alternativas al desarrollo tienen sus fortalezas en la rigurosidad en sus fundamentos y razonamientos. Ha sido desde la exactitud en denuncias y estudios que la sociedad civil logró instalar muchos temas en las últimas décadas, y las alternativas al desarrollo requieren seguir ese mismo sendero.

El segundo componente clave es entender que esta es una tarea sin duda política. Pero aquí se apunta que ese esfuerzo no puede estar restringido a los agrupamientos político-partidarios, sino que se debe desplegar desde múltiples espacios de la sociedad civil para incidir no sólo entre políticos, sino entre otros actores sociales. La sociedad civil es la base indispensable, ya que la temática de las alternativas no se agotan en cambiar un agrupamiento partidario por otro, o un presidente por otro, sino que requieren un cambio cultural de amplio espectro.

El documento completo, publicado en los “Aportes a las Transiciones” No 3, se puede descargar desde aquí…

E. Gudynas es invesigador en CLAES. Marzo 2013.

 

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