Perú: El conflicto minero en puno

José de Echave

La región de Puno se encuentra en el sur del Perú, en una zona alto andina frontera con Bolivia. Desde hace varias semanas las protestas no cesan contra la actividad minera.

Estas se iniciaron como una reacción frente al proyecto Santa Ana, de la canadiense Bear Creek Mining Company (1), en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito) y se extendió por todo Puno, cuestionando la política nacional de concesiones mineras.

Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “hay un tufillo político” ha declarado el presidente peruano Alan García; “se mueven intereses subalternos” dicen algunos editoriales de los principales medios de comunicación. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.

En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región del Perú con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010, lo que representa casi el 25% de su territorio.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores de Puno perciben que la expansión minera no cesa de aumentar, sin ningún tipo de control y sobre todo que sus derechos no son protegidos.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en algunas zonas también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

Otro tema que aparece en el debate es el de la minería en zonas de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que (siempre hay un salvo que) se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. Como el proyecto Santa Ana está ubicado en plena frontera con Bolivia se ha tenido que emitir un decreto supremo que autoriza a la empresa canadiense Bear Creek Mining a desarrollar sus actividades. Este decreto es cuestionado por la población que no entiende cómo se fundamenta en este caso el interés nacional.

Lo cierto es que el foco de conflicto en Puno rápidamente ha apuntado al tema de las concesiones mineras y se viene exigiendo la anulación de todas las concesiones otorgadas en la región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) ha sido desplazado a un segundo plano y el cuestionamiento a una determinada política pública ocupa el lugar estelar en el conflicto.

Esta situación ha abierto un debate importante y obliga a evaluar lo que viene pasando con el tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados y se han convertido en fuente permanente de conflictos: las decisiones se toman en la capital del país, sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, menos aun con las poblaciones y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varias autoridades regionales y locales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.

Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.

Este tipo de procedimientos deben ser modificados para evitar situaciones como las que han ocurrido en esta localidad peruana. El conflicto en Puno ha permitido colocar varios temas en la agenda de debate público en plena campaña electoral en el Perú y apunta a generar cambios sustantivos en las políticas extractivistas que se aplican desde hace un buen tiempo. Habrá que ver si las nuevas autoridades estarán a la altura de las circunstancias y responden al pedido de poblaciones enteras.

(1) La audiencia pública de presentación del Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero de Santa Ana se realizó el 23 de febrero 2011.

José de Echave es integrante de CoopAcción, que entre sus actividades hace un seguimiento del extractivismo en Perú. Mayo 2011.

http://www.cooperaccion.org.pe/

1 comentario

  • Por ALBERTO QUISPE, 18 octubre, 2011 @ 19:48

    BUENO LAMINERIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO ES DEMASIADO INFORNAL Y TAMBIEN QUIERO DECIR QUE EL ACTUAL CONGRESISTA POR PUNO FRANCISCO CCAMA LAYME ES ACTUALMENTE PRESIDENTE DE CECOMSAP ANANEA Y EL MIENTE EN EL CONGRESO DICIENDO QUE EL NO TIENE NADA QUE VER CON LA MINERIA INFORMAL Y ESTE HOMBRE FUE AL CONGRESO NO A DEFERDER LOS INTERESES DE PUNO, SINO SUS PROPIOS INTERES,YO DIGO ESTO POR QUEME INDIGNA MUCHO ESTE CASO.

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